La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, presidida por el representante José “Josian” Santiago Rivera, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 865, de su autoría, que propone enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico para establecer una exención contributiva sobre el inventario de propiedad mueble para pequeños y medianos comerciantes (PyMEs) con ventas brutas anuales de hasta 5 millones de dólares.
El presidente de la comisión explicó que la medida se encuentra en proceso de revisión para atender su impacto fiscal en los municipios.
“Les adelanto que a base de conversaciones y de análisis que hemos continuado haciendo, hay un aspecto que en origen no estaba contemplado en el proyecto y que nosotros sí vamos a atender. Es el asunto de que al momento en que se exima un por ciento considerable de los comerciantes al pago de este impuesto, se estima que sea sobre el 90 por ciento del comercio puertorriqueño el que se le eximiría del pago, pues de dónde se produce el dinero para subsanar eso. Nosotros estamos trabajando en modificar el proyecto a los fines de que se establezca de dónde es que estamos recomendando que se asignen los fondos para subsanar esa pérdida y de esa manera que los municipios no se vean afectados. Estamos buscando ese balance de atender el reclamo”, sostuvo Santiago, quien añadió que se mantiene comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En la vista pública comparecieron Bárbara Rivera Chinea y la licenciada Doira Díaz, en representación de Colmena 66 del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Rivera Chinea favoreció la medida al indicar que “la disponibilidad de una exención contributiva sobre el inventario tendría un efecto positivo directo, al permitir que los negocios puedan adquirir y mantener mercancía, insumos o productos suficientes en momentos clave de sus operaciones y del ciclo del mercado”.
Asimismo, expuso que las PyMEs representan la mayoría del ecosistema empresarial en Puerto Rico y enfrentan presiones relacionadas con costos operacionales, impuestos y regulaciones. Señaló que el impuesto al inventario incide en la capacidad de crecimiento, planificación y respuesta ante eventos económicos.
Como alternativas, planteó considerar un esquema de exención parcial con contribución escalonada, evitar la duplicidad contributiva sobre inventario y armonizar la medida con incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. También recomendó incorporar el insumo de gremios empresariales.
En respuesta a preguntas de la comisión sobre el desarrollo económico en municipios rezagados, Rivera Chinea explicó que Colmena 66 opera como una red de apoyo empresarial que agrupa a más de 200 organizaciones para canalizar recursos y asistencia a negocios en toda la Isla.
También participaron la licenciada Margaret Ramírez Báez y el licenciado Jorge Cañellas, en representación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). Ramírez Báez reiteró que “sobre la exención propuesta por el P. del S. 865, como señalamos, la CCPR ha sido consistente en que el impuesto sobre el inventario debe ser erradicado de Puerto Rico y eliminado para todos los contribuyentes”.
Añadió que, como medida intermedia, la organización favorece el proyecto condicionado a la evaluación de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y a la certificación de la Junta de Supervisión Fiscal. “Para ello, es imperativo que el CRIM actualice su base de datos de 2019; toda vez que, es inadmisible pretender legislar el futuro económico de la Isla sobre estadísticas obsoletas de hace siete años”, sostuvo.
Ramírez Báez indicó además que “sabemos hay una situación en los municipios de precariedad que atender, pero ciertamente la situación económica de Puerto Rico nos afecta a todos los sectores. Todos debemos poner de nuestra parte”, y sugirió fortalecer los mecanismos de fiscalización municipal.
En cuanto al comité anunciado por la gobernadora para atender este tema, señaló que no se ha reunido desde enero y que aún no han recibido un informe del subcomité designado.
Por su parte, Fabio Quevedo, en representación de la Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción, expresó el respaldo de la entidad a la medida. “Nuestra asociación respalda esta medida, ya que representa un paso importante hacia la equidad contributiva y el fortalecimiento del comercio local, particularmente en el sector de materiales de construcción, el cual enfrenta retos significativos relacionados a costos operacionales, inflación y la volatilidad en la cadena de suministro”, indicó.
El deponente señaló que la propuesta podría incidir en la liquidez de los comercios, el manejo de inventario y la actividad económica. Además, recomendó “considerar a mediano plazo, la eliminación total del impuesto al inventario para todos los contribuyentes, sin límites de ingreso. Establecer mecanismos claros y ágiles para la implementación de esta exención, evitando cargas administrativas adicionales; aplicar la exención a partir del próximo año fiscal”.