Durante años, en América Latina se repitió casi como dogma que no existían soluciones rápidas para la violencia. Que el crimen organizado era un fenómeno demasiado complejo, demasiado arraigado, demasiado poderoso.
Luego ocurrió El Salvador.
En menos de una década, el país pasó de ser uno de los más violentos del mundo —con tasas de homicidio que superaban los 100 por cada 100,000 habitantes en 2015— a registrar cifras cercanas a 2 o 3 por cada 100,000 en años recientes. No es una mejora marginal. Es una transformación radical.
Detrás de ese cambio está la estrategia impulsada por el presidente Nayib Bukele: un régimen de excepción prolongado, detenciones masivas que superan las 70,000 personas y una ocupación territorial sostenida por fuerzas de seguridad. El resultado más visible es simple: comunidades que antes vivían bajo control de pandillas hoy operan sin ese dominio.
Pero el impacto de ese modelo va más allá de sus fronteras. Ha reconfigurado el debate regional.
El contraste incómodo
Mientras El Salvador ejecutaba un giro drástico, otros países optaron por estrategias más graduales o híbridas.
En México, la política de seguridad bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó por atender las causas sociales del crimen bajo el lema de “abrazos, no balazos”. Aunque se han registrado ligeras reducciones en ciertos indicadores, la tasa de homicidios se ha mantenido en niveles altos, y el control territorial de organizaciones criminales sigue siendo una realidad en múltiples regiones.
Otros países presentan variaciones del mismo dilema:
- Colombia ha alternado entre negociación y confrontación directa, con resultados mixtos y ciclos de violencia persistentes.
- Brasil ha logrado reducciones en homicidios en algunos periodos, pero con fuertes diferencias entre estados y sin una ruptura estructural clara.
- Honduras y Guatemala han visto mejoras recientes, aunque ninguna comparable en velocidad o magnitud con la salvadoreña.
El contraste no es solo de cifras. Es de enfoque. Mientras algunos gobiernos buscan contener o gestionar la violencia, El Salvador optó por desmantelar de forma frontal el poder de las pandillas.
El costo del “milagro”
Ese resultado tiene un precio, y omitirlo sería deshonesto.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, limitaciones al debido proceso y un fortalecimiento significativo del poder del Ejecutivo.
El modelo salvadoreño no es una solución quirúrgica. Es una intervención de alto impacto.
La pregunta relevante, entonces, no es si existen costos, sino si otros países han logrado reducciones similares sin asumirlos. Hasta ahora, la evidencia sugiere que no.
¿Puede replicarse?
Aquí es donde el entusiasmo suele tropezar con la realidad.
El Salvador es un país territorialmente pequeño, con estructuras criminales relativamente más centralizadas. En contraste, países como México enfrentan organizaciones fragmentadas, economías ilícitas diversificadas y dinámicas regionales mucho más complejas.
Exportar el modelo no es tan simple como copiar una política pública. Implica rediseñar equilibrios institucionales, legales y sociales.
Sin embargo, el caso salvadoreño sí establece un nuevo punto de referencia: demuestra que cambios drásticos en seguridad sí son posibles, aunque bajo condiciones específicas.
Puerto Rico: observador cercano, lección abierta
Para Puerto Rico, donde la seguridad pública sigue siendo un tema sensible, el fenómeno no pasa desapercibido. Aunque su realidad institucional y política es distinta, el debate de fondo es familiar: cómo reducir la criminalidad sin comprometer derechos fundamentales.
El “modelo Bukele” no ofrece una receta directa, pero sí plantea una disyuntiva incómoda para toda la región, incluida la isla:
¿hasta qué punto una sociedad está dispuesta a endurecer sus estrategias para recuperar el control?
Un nuevo estándar
Durante décadas, la conversación sobre seguridad en América Latina giró en torno a lo que no se podía hacer. El Salvador cambió ese eje: ahora el debate es qué se está dispuesto a hacer.
No todos seguirán el mismo camino. No todos pueden.
Pero ignorar los resultados ya no es una opción