La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) formalizaron un acuerdo colaborativo dirigido a promover el empoderamiento económico de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico.
La iniciativa establece un marco de cooperación para facilitar el acceso al ecosistema cooperativo, con énfasis en estabilidad financiera, educación, liderazgo y desarrollo personal mediante recursos disponibles en ambas instituciones.
El acuerdo se enmarca en la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón, orientada al fortalecimiento de la equidad y la protección integral de las mujeres. Según se informó, la colaboración reconoce la importancia de atender tanto la seguridad física como la autonomía económica de las sobrevivientes de violencia doméstica.
La procuradora de las Mujeres, Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez, destacó el alcance de la alianza al señalar que “este acuerdo nace de una convicción profunda de que una mujer que sobrevive merece más que protección, pues merece puertas abiertas, oportunidades reales y herramientas para reconstruir su vida con dignidad y autonomía, reafirmando que el empoderamiento económico también salva vidas”.
Como parte de la colaboración, se contempla la adopción de albergues con fines educativos, donde se ofrecerán talleres recurrentes sobre finanzas, liderazgo y formación cooperativa. Además, la OPM asumirá un rol activo en la capacitación del personal de la CDCOOP y de miembros del movimiento cooperativo, con el propósito de adiestrarlos en la identificación de señales de alerta, el manejo seguro de situaciones y la canalización de servicios especializados sin revictimizar a las sobrevivientes.
Sobre la importancia de estos espacios, Piñeiro Vázquez enfatizó que “es fundamental que el movimiento cooperativo fortalezca su rol como patrono, integrando protocolos que promuevan espacios de trabajo seguros para prevenir y atender situaciones de violencia doméstica o conductas de hostigamiento sexual”.
Por su parte, la Dra. Liza I. Alfaro Mercado, comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, expresó que “el cooperativismo nace de la solidaridad, del deseo genuino de apoyarnos unos a otros y de trabajar por el bienestar de nuestras comunidades. Por eso, en la Comisión de Desarrollo Cooperativo nos sentimos profundamente comprometidos con esta iniciativa junto a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Nuestro objetivo es abrir puertas de educación, empoderamiento económico y crecimiento personal para mujeres que han sobrevivido la violencia doméstica. Confiamos en que el modelo cooperativo puede ser un apoyo real para su proceso de recuperación, ofreciéndoles herramientas, dignidad y nuevas oportunidades para reconstruir sus vidas”.
“Este acuerdo demuestra que el modelo cooperativo va más allá de lo económico. Se convierte en un vehículo de cambio social. Al acercar la educación financiera, el liderazgo y las oportunidades del cooperativismo a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. En el movimiento cooperativo creemos profundamente en el valor de la comunidad y en su capacidad para abrir caminos hacia la estabilidad y la esperanza”, añadió Alfaro Mercado.
Finalmente, Piñeiro Vázquez sostuvo que “esta ruta de apoyo concreto y sostenido se ha diseñado con un enfoque humano y sensible, garantizando que cada herramienta brindada se convierta en una oportunidad real de autogestión para las mujeres. El acuerdo, que no conlleva erogación de fondos públicos adicionales, mantendrá su vigencia hasta el 30 de diciembre de 2028 para asegurar una ejecución constante y resultados medibles a largo plazo”.