Las querellas por delitos contra personas de edad avanzada reflejan una tendencia al alza en Puerto Rico, según informó este martes la Policía durante una vista pública de la Cámara de Representantes.
El superintendente de la Policía, Joseph González, informó mediante ponencia escrita que la agencia ha contabilizado 3,310 denuncias hasta el 26 de junio de 2026. La cifra representa un aumento de 224 casos en comparación con el primer semestre del año anterior.
En 2025, los delitos reportados contra esta población alcanzaron 3,086 denuncias. Según la Policía, las apropiaciones ilegales y las agresiones agravadas fueron los delitos de mayor incidencia.
“Paralelamente, la agencia observa un crecimiento sostenido en modalidades delictivas cometidas mediante mecanismos electrónicos y tecnológicos”, se desprende del escrito sometido por la Policía. Entre estas modalidades figuran los fraudes por vía telefónica, la utilización indebida de tarjetas y otros esquemas de fraude electrónico.
Las cifras fueron presentadas ante la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Pacheco Burgos, como parte de una investigación legislativa sobre la incidencia de crímenes contra personas de edad avanzada y los factores relacionados con su seguridad, conforme a la Resolución de la Cámara 374.
Durante la audiencia, Pacheco Burgos planteó la necesidad de uniformar las estadísticas recopiladas por las agencias públicas, luego de que se señalara que las instrumentalidades citadas interpretan de manera distinta los datos relacionados con esta población.
La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela, también indicó en una ponencia escrita, presentada por su ayudante especial, Valeria Rosario, que la Policía no incluye ciertos delitos tipificados en el Código Penal, entre ellos abandono de adultos mayores, maltrato, negligencia en el cuidado, explotación financiera e incumplimiento de la obligación alimentaria.
La diferencia en la clasificación responde a que la Policía utiliza la metodología federal del Sistema Nacional de Informes Basados en Incidentes, conocido como NIBRS por sus siglas en inglés. Bajo ese sistema, algunas modalidades delictivas no se contabilizan como categorías individuales. González indicó en su ponencia que bajo la clasificación de “otros” pueden incluirse determinados casos de explotación financiera, actos de vandalismo y otros delitos.
“Nosotros queremos informaciones reales. Si hubiese que radicar un proyecto que exija directamente que haya un análisis de estadísticas cónsono y uniforme, nosotros estamos en posición de radicar la medida lo antes posible”, expresó el representante Pacheco Burgos, quien adelantó que celebrará vistas públicas adicionales con la comparecencia de entidades sin fines de lucro y representantes del sector de la salud mental.
Preocupa incremento de estafas románticas
Por otro lado, la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada informó que desarrolla una campaña educativa dirigida a prevenir esquemas conocidos como “fraude de amor” o estafas románticas.
Según explicó la agencia, este tipo de fraude ocurre cuando estafadores crean perfiles en redes sociales o aplicaciones de citas para manipular emocionalmente a sus víctimas y luego solicitarles dinero bajo pretextos falsos.
“Estamos tratando de tipificar esto como uno de los maltratos para poder exponer al público de lo que está sucediendo actualmente con estos adultos mayores que están siendo abandonados y están en aislamiento social total”, comentó Rosario, ayudante especial de la procuradora.
Rosario detalló que estos timadores buscan víctimas en estado de vulnerabilidad, especialmente personas viudas o en aislamiento social. Entre las tácticas que utilizan mencionó el bombardeo de amor, las solicitudes de dinero y el robo de identidad.
“Estos adultos mayores se reflejan en estas personas que les hablan bonito, les dicen las cosas que ellos quieren oír de estos familiares que no están en sus vidas. Es una modalidad nueva que está surgiendo donde tenemos muchos casos”, afirmó la ayudante especial de la procuradora.
La deponente mencionó que la agencia atendió recientemente el caso de una adulta mayor que presuntamente fue víctima de una estafa romántica por parte de una persona extranjera que le solicitó una transferencia de $100,000.
“Exhortamos a estos familiares a que estén bien pendientes de esta modalidad porque al adulto mayor se le puede zafar lo que sería el número de seguro social, la fecha de nacimiento, y ahí es que podrían apropiarse de su identidad”, añadió.
Por su parte, la fiscal Brenda Rosado, del Departamento de Justicia, recomendó enmiendas al Código Penal para ampliar las protecciones a las personas de edad avanzada, incluir el delito de explotación financiera y modificar las variantes de la tipificación de apropiación ilegal.
Asimismo, la doctora Aida González, en representación de AARP Puerto Rico, sugirió que la investigación legislativa examine iniciativas comunitarias y locales dirigidas a respaldar los esfuerzos de las agencias del orden público.
González también instó a la comisión legislativa a considerar los factores psicológicos y sociales vinculados a las causas y efectos de la criminalidad contra la población de edad avanzada.
El Departamento de Seguridad Pública informó, por conducto de la licenciada Omara Arias, que el Negociado de Investigaciones Especiales colabora con diversas agencias gubernamentales en la implementación del Protocolo de Explotación Financiera contra Adultos Mayores, que se encuentra en etapa final de desarrollo.
En la vista pública también participaron los representantes Ramón Torres Cruz, Luis “Junior” Pérez Ortíz y José Aponte Hernández.