El intento de Estados Unidos por negociar el fin de la guerra con Irán atraviesa su momento más frágil. El entendimiento preliminar firmado el 17 de junio pretendía detener las hostilidades, restablecer la navegación comercial por el estrecho de Ormuz y abrir un periodo de 60 días para negociar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní.
Menos de un mes después, buena parte de ese acuerdo se encuentra prácticamente deshecha. Estados Unidos e Irán se acusan mutuamente de incumplir sus compromisos, los ataques militares se reanudaron y las conversaciones sobre un arreglo definitivo permanecen estancadas.
En medio de ese deterioro ha surgido otra disputa, esta vez entre Washington e Israel. Aunque ambos países coinciden en considerar a Irán una amenaza, no comparten necesariamente la misma idea sobre cómo debe terminar la guerra. La administración estadounidense busca una salida negociada que limite el programa nuclear iraní y reduzca el riesgo de un conflicto prolongado. Israel teme que una tregua incompleta permita a Teherán conservar parte de su infraestructura militar, recuperar ingresos petroleros y reconstruir sus capacidades.
Es en ese contexto que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acusó a integrantes del Gobierno israelí de intentar influir sobre la opinión pública de Estados Unidos para debilitar las negociaciones y favorecer la continuación de la campaña militar.
La acusación es inusual y políticamente delicada. No proviene de un comentarista ni de un adversario tradicional de Israel, sino del vicepresidente de Estados Unidos y de uno de los principales defensores de la negociación con Teherán dentro de la administración de Donald Trump. Vance sostuvo que sectores vinculados al Gobierno israelí promovieron una campaña para convencer a los estadounidenses de que el acuerdo era contrario a sus intereses.
Hasta ahora, Vance no ha presentado públicamente pruebas que demuestren la existencia de una operación coordinada por todo el Gobierno israelí. Tampoco identificó a todos los funcionarios o grupos que, según él, participaron en esos esfuerzos. Por tanto, sus señalamientos deben tratarse como una acusación de gran relevancia política, pero no como un hecho plenamente demostrado.
Sí está documentado, en cambio, que dirigentes y sectores políticos israelíes han presionado públicamente contra los términos del entendimiento. Consideran que el acuerdo concede demasiado a Irán sin garantizar el desmantelamiento de su programa nuclear, sus misiles balísticos o su apoyo a organizaciones armadas en la región.
La controversia, por tanto, no se reduce a determinar si Israel desea prolongar la guerra. La cuestión más profunda es qué clase de acuerdo considera aceptable, qué capacidades iraníes está dispuesto a tolerar y si sus condiciones para terminar el conflicto pueden alcanzarse mediante la diplomacia.
* Para la redacción de este artículo se utilizó parcialmente un modelo de inteligencia artificial con fines de investigación.