La cancelación de varios destaques de fiscales y abogados asignados al Senado ha abierto un nuevo frente en la confrontación entre el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, y el entorno de la gobernadora Jenniffer González. Esta vez, sin embargo, la controversia alcanza una institución cuya credibilidad depende precisamente de mantenerse al margen de las disputas partidistas: el Departamento de Justicia.
Rivera Schatz sostiene que tres de los funcionarios retirados colaboraban directa o indirectamente con una investigación legislativa relacionada con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria Itza García. Según su planteamiento, la cancelación podría constituir una represalia o un intento de interferir con la pesquisa.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, rechaza esa interpretación. Ha explicado que la revocación de los destaques forma parte de una reorganización general para devolver personal a las fiscalías y atender las necesidades operacionales del Ministerio Público.
Las dos versiones son incompatibles, pero ninguna ha sido probada todavía.
Una coincidencia que exige explicaciones
Justicia posee la facultad administrativa para revisar y cancelar destaques. Esa potestad, por sí sola, no demuestra que se haya cometido una irregularidad. No obstante, el momento en que se tomó la decisión crea una apariencia problemática: algunos de los empleados afectados estaban vinculados con una investigación que involucra a funcionarios cercanos a La Fortaleza.
La sospecha aumenta porque, apenas semanas antes, el propio Departamento había autorizado la extensión de varios de esos destaques hasta finales de 2026. Un cambio tan rápido no constituye evidencia de represalia, pero sí obliga a explicar qué necesidad operacional surgió y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al personal que debía regresar.
Una respuesta genérica sobre “reorganización” resulta insuficiente cuando la decisión coincide con una investigación políticamente explosiva. Justicia no solo tiene que actuar correctamente; también debe demostrar que sus actuaciones responden a criterios verificables y uniformes.
Un referido no equivale a culpabilidad
La posibilidad de llevar la controversia ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente añade dramatismo, pero requiere precisión. Una denuncia, una carta o incluso un referido no significa que exista una investigación formal contra la secretaria, mucho menos que se haya probado la comisión de un delito.
La Ley del FEI contempla mecanismos para evaluar información relacionada con posibles actuaciones delictivas de funcionarios públicos. Cuando existe un conflicto de intereses, el Panel puede asumir un papel central para garantizar una investigación independiente. Sin embargo, el proceso exige evidencia y no puede reducirse a proclamas políticas o titulares anticipados.
Convertir cada controversia gubernamental en una amenaza de FEI también entraña un riesgo: que una institución creada para investigar posibles delitos termine utilizada como instrumento de presión entre facciones del mismo partido.
Justicia debe mostrar sus cartas
La secretaria puede comenzar a despejar las dudas divulgando los criterios de la reorganización, las necesidades específicas de las fiscalías y la razón por la cual se revocaron autorizaciones concedidas recientemente. Si existen documentos que demuestren que la decisión comenzó antes de la investigación senatorial o afectó de manera uniforme a otras dependencias, presentarlos fortalecería su versión.
El Senado, por su parte, debe identificar la evidencia concreta que sustenta la alegación de interferencia. La cercanía temporal entre dos acontecimientos puede justificar preguntas, pero no basta para demostrar intención criminal.
El asunto ha dejado de ser una simple disputa administrativa. Cuando el Departamento de Justicia aparece señalado por supuestamente interferir con una pesquisa, lo que está en juego no es únicamente el futuro de su secretaria, sino la confianza en la capacidad del Gobierno para investigarse a sí mismo.
La pregunta todavía no es si Lourdes Gómez Torres será “la próxima” funcionaria investigada por un FEI. La pregunta inmediata es más básica y quizás más importante: ¿puede Justicia demostrar que sus decisiones se tomaron sin presiones políticas, y puede el Senado probar que ocurrió lo contrario?