Daniel Ortega ha dicho en voz alta lo que su Gobierno llevaba años construyendo en la práctica: que el poder en Nicaragua ya no estará sujeto a una competencia electoral capaz de producir una alternancia.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el copresidente nicaragüense afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones” para que sus adversarios intenten conquistar el Gobierno. También prometió impedir el regreso de partidos que considera vinculados con Estados Unidos o con el antiguo somocismo.
La declaración requiere una precisión. Ortega no presentó todavía una reforma concreta que elimine todo tipo de votación, y la Constitución nicaragüense continúa reconociendo autoridades elegidas mediante sufragio universal, directo y secreto. Sin embargo, la Asamblea Nacional, ampliamente dominada por el oficialismo, comenzó a trabajar en la implementación política y jurídica de sus instrucciones. No parece tratarse, por tanto, de una frase improvisada sin consecuencias.
La diferencia podría estar entre abolir las urnas y conservarlas únicamente para candidatos aprobados por el poder. Para una democracia, el resultado sería esencialmente el mismo.
UNA ELECCIÓN QUE ORTEGA NUNCA OLVIDÓ
La hostilidad de Ortega hacia la competencia electoral tiene un antecedente difícil de ignorar. En 1990, después de una década de Gobierno sandinista, perdió la presidencia frente a Violeta Barrios de Chamorro. Aquella derrota demostró que incluso un movimiento nacido de una revolución podía ser desalojado del poder mediante el voto.
Ortega aceptó entonces el resultado, pero su regreso a la presidencia en 2007 estuvo acompañado por una transformación gradual de las reglas. Se eliminaron límites a la reelección, se subordinó el sistema electoral, se redujo el espacio de los medios independientes y se neutralizó a los principales adversarios políticos.
En los comicios de 2021, varios aspirantes presidenciales fueron detenidos antes de que pudieran competir. Otros dirigentes fueron encarcelados, expulsados del país o privados de su nacionalidad. Las elecciones sobrevivieron en el calendario, pero fueron perdiendo aquello que les daba sentido: la posibilidad real de escoger.
Desde esa perspectiva, el anuncio actual no destruye una democracia plenamente funcional. Confirma la desaparición de una democracia que ya había sido vaciada desde dentro.
NO ES IZQUIERDA CONTRA DERECHA
Ortega presenta su decisión como una defensa de la revolución frente a la derecha, el imperialismo estadounidense y un eventual retorno del somocismo. Ese argumento puede resultar eficaz entre sus seguidores, pero confunde deliberadamente dos asuntos distintos.
Un Gobierno de izquierda tiene derecho a defender su programa, presentarse a elecciones y advertir sobre las consecuencias de una victoria conservadora. Lo que no tiene es el derecho de decidir que sus adversarios nunca podrán gobernar, independientemente de lo que quiera la población.
La democracia no consiste en permitir votar solamente cuando el resultado parece conveniente. Su verdadera prueba llega cuando quienes controlan el Estado aceptan la posibilidad de perderlo.
Tampoco puede suponerse que toda la oposición nicaragüense sea un bloque homogéneo de derecha, somocista o subordinado a Washington. Esa generalización convierte cualquier desacuerdo en traición y permite que el Gobierno deje de distinguir entre adversarios políticos, periodistas, empresarios, religiosos, defensores de derechos humanos y ciudadanos inconformes.
Cuando todos los críticos son presentados como enemigos de la patria, la represión deja de parecer una excepción y se convierte en política de Estado.
EL PODER COMO PATRIMONIO FAMILIAR
La reforma constitucional aprobada en 2025 ya había concentrado amplias facultades en Ortega y su esposa, Rosario Murillo, reconocida ahora como copresidenta. El matrimonio controla el Ejecutivo y ejerce una influencia decisiva sobre la Asamblea, la justicia, las fuerzas de seguridad y el aparato electoral.
Eliminar la competencia profundizaría la transformación de Nicaragua en un sistema de partido dominante con un componente familiar. La pregunta dejaría de ser quién ganará las próximas elecciones y pasaría a ser quién heredará el poder dentro del círculo gobernante.
Ese detalle resulta especialmente relevante porque Ortega tiene 80 años. Su anuncio puede interpretarse no solo como una estrategia para conservar el mando mientras viva, sino como un intento de blindar la continuidad del régimen después de su salida.
Es una señal de fortaleza institucional aparente, pero también de inseguridad política. Un Gobierno convencido de contar con el respaldo mayoritario no necesita prohibir la posibilidad de ser derrotado.
EL COSTO DE CERRAR EL SISTEMA
Para Ortega, eliminar la incertidumbre electoral puede garantizar estabilidad inmediata. Para Nicaragua, sin embargo, aumenta otros riesgos.
Sin elecciones competitivas, la población pierde una vía pacífica para castigar errores, sustituir gobernantes o modificar políticas. El descontento no desaparece: queda sin mecanismos institucionales para expresarse. Esa presión puede traducirse en apatía, emigración, protestas clandestinas o nuevas explosiones sociales como las registradas en 2018, cuando la represión dejó más de 300 muertos.
También existen consecuencias económicas. Nicaragua mantiene vínculos comerciales importantes con Estados Unidos mediante el DR-CAFTA y con Europa a través del Acuerdo de Asociación. Una ruptura electoral explícita podría provocar nuevas sanciones, revisiones comerciales y mayor cautela entre inversionistas.
Las sanciones extranjeras, sin embargo, han demostrado una capacidad limitada para modificar el comportamiento del Gobierno. Además, pueden terminar afectando más a la población que a la élite gobernante. Ortega parece calcular que el costo económico será manejable mientras conserve el control interno y el respaldo de aliados como China, Rusia y Cuba.
UNA REVOLUCIÓN QUE TERMINA NEGANDO SU ORIGEN
El simbolismo resulta difícil de ocultar. Ortega anunció su intención durante el aniversario de la revolución que en 1979 puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza. Aquel movimiento prometía liberar a Nicaragua de una familia que había convertido el Estado en patrimonio propio.
Casi medio siglo después, uno de sus protagonistas justifica la permanencia indefinida de otro núcleo familiar alegando que solo él puede proteger al país de sus enemigos.
La objetividad periodística no obliga a fingir que ambas posiciones tienen igual legitimidad democrática. Sí obliga a distinguir los hechos de las interpretaciones: todavía faltan detalles sobre la fórmula jurídica que utilizará el Gobierno y sobre si desaparecerán formalmente todas las elecciones o únicamente cualquier competencia verdadera.
Pero la esencia del anuncio es inequívoca. Ortega no está proponiendo derrotar a la derecha en las urnas. Está planteando que nadie tenga la oportunidad de derrotarlo a él.
Eso no es una defensa de la revolución ni una discusión convencional entre izquierda y derecha. Es la sustitución de la soberanía popular por el derecho autoproclamado de un gobernante a decidir quién puede aspirar al poder. Y cuando un Gobierno necesita eliminar las elecciones para garantizar su continuidad, ya ha reconocido aquello que intenta ocultar: que las urnas se han convertido en su mayor amenaza.