Un video grabado durante la celebración privada de un cumpleaños se convirtió en cuestión de horas en un problema político para el Partido Nacional Libertario de Chile. Su protagonista, Ítalo Omegna, terminó fuera de dos cargos y bajo el escrutinio de organizaciones defensoras de la niñez y de las personas con autismo.
El registro comenzó a circular masivamente en las redes sociales el sábado 25 de julio. Omegna, entonces asesor legislativo del diputado Hans Marowski, aparece entregando regalos a otro hombre mientras realiza comentarios de connotación sexual relacionados con menores.
La escena adquiere mayor gravedad cuando le entrega unos dulces y afirma que podrían utilizarse para atraer a niños autistas porque son “los que no hablan”. En otro momento, uno de los presentes menciona una corbata “para amarrar niños”.
Las expresiones fueron presentadas por sus participantes como parte del humor irreverente del programa de streaming La Cofradía. Pero la explicación no evitó las consecuencias.
Omegna renunció como asesor de Marowski, diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario. El Instituto Mises Cono Sur también inició su desvinculación del cargo de director de Vinculación que ocupaba desde 2025.
La controversia resultó especialmente delicada por las responsabilidades públicas y sociales que desempeñaba. Además de trabajar en el Congreso, Omegna había sido candidato a diputado y figuraba como director ejecutivo de la Fundación Novum, organización que desarrolla actividades educativas con niños, jóvenes y familias de sectores vulnerables.
Esta relación no demuestra que haya cometido algún delito contra menores. Hasta ahora, el video prueba la existencia de comentarios repugnantes e irresponsables, no la comisión de abusos. Sin embargo, su cercanía profesional con espacios educativos explica por qué distintas organizaciones consideran insuficiente una simple renuncia.
De la indignación a la investigación
La Federación Nacional de Autismo presentó los antecedentes ante el Ministerio Público y reclamó una investigación. La Defensoría de la Niñez también anunció que evaluaría posibles acciones y responsabilidades.
Omegna pidió disculpas y reconoció que no supo distinguir entre su papel humorístico en La Cofradía y la responsabilidad pública que conllevaba ser asesor legislativo. También anunció que se presentaría voluntariamente ante la Fiscalía y ofrecería acceso a sus dispositivos electrónicos.
En su declaración sostuvo que ha recibido amenazas de muerte y que enfrenta acusaciones que, según él, no corresponden con la realidad. Las amenazas son igualmente condenables y no contribuyen a esclarecer los hechos.
El caso deberá mantenerse dentro de esos límites: investigar lo que corresponda sin convertir una expresión ofensiva en prueba automática de un delito que todavía no ha sido demostrado.
La respuesta libertaria
El Partido Nacional Libertario intentó establecer distancia. Afirmó que las expresiones no representan su posición institucional y anunció la activación de sus mecanismos disciplinarios.
Johannes Kaiser, líder de la colectividad, calificó el episodio como un “chiste de mal gusto” y sostuvo que el partido no podía asumir responsabilidad por las declaraciones individuales de uno de sus militantes.
El argumento es parcialmente válido. Ningún partido puede controlar cada comentario privado de sus integrantes. Pero Omegna no era un militante anónimo: trabajaba directamente para el vicepresidente de la organización, había sido candidato a diputado y ocupaba posiciones de vinculación pública.
La responsabilidad institucional no consiste necesariamente en atribuirle al partido las palabras de Omegna. Consiste en determinar cómo una persona con ese criterio obtuvo acceso a cargos de confianza, representación política y trabajo comunitario.
El límite de la provocación
Los movimientos libertarios y de derecha radical han construido parte de su identidad mediante el rechazo a lo que denominan corrección política. La provocación, el humor ofensivo y la resistencia a las restricciones culturales son presentados frecuentemente como manifestaciones de libertad.
Pero la libertad de expresión no convierte todas las expresiones en inteligentes, inocuas o inmunes a consecuencias profesionales. Tampoco obliga a una institución a conservar entre sus representantes a alguien que banaliza el abuso sexual infantil y utiliza la discapacidad como elemento de una broma.
El caso Omegna no demuestra por sí solo una falla general de la derecha libertaria chilena. Sí representa una prueba sobre su capacidad para aplicar internamente los estándares de responsabilidad personal que habitualmente exige a los demás.
La respuesta más sólida no sería culpar a adversarios políticos ni reducir el episodio a una batalla entre “humor negro” y corrección política. Sería permitir que las autoridades investiguen, revisar los mecanismos utilizados para seleccionar asesores y reconocer que ciertas expresiones revelan algo más preocupante que una broma mal contada: una alarmante ausencia de criterio.