El Senado de Puerto Rico aprobó varias medidas relacionadas con el Código Penal, la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para determinados dispositivos de movilidad, la vivienda cooperativa y la creación de cuentas de ahorro para menores, entre otros asuntos.
Entre las medidas aprobadas figura el Proyecto del Senado 1194, presentado por el portavoz de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, que propone enmendar el Artículo 268 del Código Penal para considerar como agravante el uso de medios digitales para simular, fabricar o alterar contenido audiovisual, documental o de otra naturaleza como parte de una alegación falsa que provoque una investigación criminal.
La exposición de motivos de la medida establece que “la falsedad deliberada, particularmente cuando se instrumentaliza mediante medios digitales, distorsiona la búsqueda de la verdad, desvía recursos públicos, expone a personas inocentes a investigaciones injustificadas y compromete la legitimidad del sistema de justicia”.
Asimismo, señala que “esta enmienda no solo fortalece la protección de la función investigativa, sino que reafirma el compromiso del Estado con la verdad como fundamento esencial de la justicia”.
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1111, del senador Rafael “Rafy” Santos Ortiz, que propone incluir los andadores y bastones utilizados como dispositivos de movilidad entre los artículos elegibles para una exención del IVU.
Según la medida, el beneficio se reclamaría mediante un sistema de reintegro administrado por el Departamento de Hacienda y aplicaría a personas de 65 años o más que acrediten su edad mediante una identificación oficial. También contemplaría equipos adquiridos para un cónyuge elegible.
Durante su turno, Santos expresó: “Estamos hablando de una silla de ruedas para un padre que sufrió un derrame, de un andador para un abuelo por ejemplo, de bastones, muletas y todo equipo que le devuelva a un ser humano su capacidad de moverse, de trabajar y de vivir con dignidad. Hoy en Puerto Rico estos equipos pagan IVU. Lo estamos cobrando, estamos cobrando impuestos a la necesidad. Le estamos cobrando impuestos a la discapacidad, a la vejez y a la enfermedad. Eso no es justo”.
Por otra parte, fue aprobado el Proyecto del Senado 1224, presentado por la senadora Nitza Moran Trinidad por petición. La medida establece que la conversión de una cooperativa al régimen de titulares no sería obligatoria ni automática, sino que dependería de una determinación de su asamblea de socios. Los socios también podrían optar por mantener el modelo de vivienda mancomunada.
El Senado concurrió, además, con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 997, del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.
La medida propone enmendar la Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con Trastornos del Espectro Autista para uniformar su terminología y actualizar definiciones conforme al *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales* (DSM-5).
También contempla cambios en la composición interdisciplinaria de los equipos de servicios en los centros de autismo y en las funciones del Coordinador Interinstitucional de Servicios y el Comité Interinstitucional de Servicios.
**CUENTAS DE AHORRO PARA MENORES**
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1454 (A-156), una medida de administración que propone incorporar al sistema contributivo de Puerto Rico las Cuentas de Ahorro para Menores conocidas como “Trump Accounts”.
La propuesta busca permitir que padres, madres y tutores realicen aportaciones e inversiones en estas cuentas para menores de 18 años bajo los parámetros establecidos por la legislación federal.
El proyecto contempla excluir del ingreso tributable en Puerto Rico la aportación federal inicial de $1,000 para menores elegibles nacidos entre 2025 y 2028, así como aportaciones patronales de hasta $2,500 anuales por empleado, sujeto a los requisitos aplicables.
También propone que las aportaciones y sus rendimientos no estén sujetos a tributación en Puerto Rico mientras permanezcan depositados en la cuenta. Los retiros estarían sujetos a las disposiciones contributivas aplicables a cuentas de retiro individual y no podrían efectuarse antes del año contributivo en que el beneficiario cumpla 18 años.
El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, expresó su respaldo a la medida.
“Más allá de las diferencias partidistas, esta es una buena iniciativa para que nuestras familias puedan ahorrar para el futuro de sus hijos. Lo que buscamos es que los jóvenes de Jayuya, Mayagüez y de todos nuestros municipios puedan beneficiarse de esta oportunidad vinculada a fondos federales y comenzar a construir una base económica desde temprano. Las aportaciones anuales a estas cuentas pueden ayudarles a acumular recursos para enfrentar el costo de la educación y los efectos de la inflación. Se trata de darles a nuestros jóvenes más herramientas para su futuro”, sostuvo.
La senadora Roxanna Soto Aguilú también expresó su apoyo.
“Quiero destacar la importancia de la ciudadanía americana en el acceso a esta aportación para nuestros menores… Esta iniciativa también representa una oportunidad para fortalecer nuestra economía mediante la participación de las instituciones financieras de Puerto Rico. Facilitar el ahorro desde la niñez permite que las familias comiencen a construir una base económica para sus hijos y les brinda una herramienta adicional para atender sus necesidades futuras”.
**OTRAS MEDIDAS APROBADAS**
El Senado dio paso además al Proyecto del Senado 482, de la senadora Ada Álvarez Conde, que establece que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles dará prioridad a propuestas de municipios y organizaciones sin fines de lucro que interesen utilizar planteles escolares en desuso para desarrollar vivienda asequible.
La prioridad aplicaría cuando el inmueble esté disponible y no sea necesario para fines del Departamento de Educación, luego de verificar su situación con las agencias o entidades correspondientes.
También fue aprobada la Resolución del Senado 573, del senador Gregorio Matías Rosario, que ordena investigar las pérdidas de agua ocasionadas por salideros, averías, equipos defectuosos o hurto en el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
La comisión correspondiente deberá evaluar las acciones de la corporación pública, los costos y plazos de posibles soluciones, experiencias de otras jurisdicciones y la viabilidad de establecer programas permanentes de mantenimiento y detección de salideros. La resolución dispone la presentación de un primer informe parcial en un plazo de 90 días.
Asimismo, recibió aprobación la Resolución del Senado 569, de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, que ordena investigar las condiciones ambientales, estructurales, operacionales y de seguridad de los terrenos e instalaciones del antiguo complejo petroquímico de Puerto Rico Olefins y CORCO, entre Peñuelas y Guayanilla.
La investigación examinará los procesos de descontaminación y remediación, las actuaciones de las agencias con jurisdicción y posibles alternativas para la recuperación y reutilización de los terrenos.
El Senado aprobó igualmente la Resolución del Senado 586, del senador independiente Eliezer Molina Pérez, para investigar los reglamentos, criterios y mecanismos utilizados por el Comité Olímpico de Puerto Rico y sus federaciones afiliadas para clasificar, certificar y seleccionar atletas para competencias internacionales.
La investigación abarcará aspectos relacionados con transparencia administrativa, debido proceso, rendición de cuentas, mecanismos de revisión y utilización de fondos públicos.
**MEDIDAS PROCEDENTES DE LA CÁMARA**
El Senado aprobó además la Resolución Conjunta de la Cámara 63, que ordena a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica establecer mecanismos dirigidos a mejorar el alumbrado en varias calles y carreteras de los barrios Duey Bajo, Rosario Bajo, Rosario Peñón, Rosario Alto, Caín Alto, Hoconuco Alto, Caín Bajo, Hoconuco Bajo y Duey Alto, en San Germán.
Ambas entidades deberán desarrollar planes de mantenimiento y presentar un informe conjunto sobre el cumplimiento de la resolución.
Finalmente, recibió aprobación la Resolución Conjunta de la Cámara 130, que ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación liberar de determinadas restricciones de preservación e indivisión el predio número 24 de la finca Vega Redonda, en Comerío.
La medida busca ajustar la situación registral de la propiedad y permitir que los herederos de los titulares originales continúen los trámites legales correspondientes.