Representantes de paradores de la zona oeste reclamaron mayor fiscalización gubernamental sobre los alquileres a corto plazo y pidieron que este tipo de alojamiento cumpla con las regulaciones aplicables a la actividad turística.
Ángel Rodríguez, propietario del Parador Boquemar en Boquerón, Cabo Rojo, sostuvo que las autoridades deben ser más rigurosas en la aplicación de las leyes y reglamentos relacionados con este sector.
“Sabemos que hay leyes y reglamentos que buscan regular los alquileres a corto plazo. Sin embargo, el problema principal es que no se validan los mismos”, expresó Rodríguez.
El empresario planteó que una fiscalización insuficiente puede provocar condiciones desiguales entre los propietarios de alquileres a corto plazo y las hospederías que deben cumplir con permisos, obligaciones contributivas, medidas de seguridad y otras regulaciones para operar.
Rodríguez aclaró que no se opone a los alquileres a corto plazo, pero considera que las propiedades utilizadas regularmente para recibir turistas deben cumplir con las responsabilidades correspondientes a una operación comercial.
Según sostuvo, las exigencias aplicables a hoteles y paradores deberían extenderse, según corresponda, a propiedades que funcionan dentro del mercado de alojamiento turístico.
Como referencia al debate internacional sobre este tipo de alojamiento, Rodríguez mencionó el caso de Barcelona, donde las autoridades municipales han anunciado que no renovarán las licencias de miles de apartamentos turísticos cuando expiren en 2028, como parte de sus esfuerzos para aumentar la disponibilidad de vivienda para residentes.
El propietario del Parador Boquemar sostuvo que cualquier política pública sobre alquileres a corto plazo debe procurar un balance entre las nuevas alternativas de alojamiento, las necesidades de los residentes y las condiciones bajo las cuales compiten las hospederías tradicionales.