El Senado de Puerto Rico aprobó el lunes el Proyecto del Senado 1132, que propone penas adicionales de cinco, diez o veinte años de reclusión para determinados delitos relacionados con drogas que involucren fentanilo o sustancias relacionadas. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
El proyecto, presentado por el senador del distrito de Mayagüez-Aguadilla, Jeison Rosa Ramos, y evaluado por la Comisión de lo Jurídico, añadiría el Artículo 411-B a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Este establecería un agravante especial que se sumaría a la pena del delito base, incluidos ciertos delitos de fabricación y distribución de sustancias controladas.
“El fentanilo no es una droga más. Es una sustancia tan potente que apenas unos miligramos pueden causar la muerte, y muchas veces llega mezclada con otras drogas sin que la persona lo sepa. Quien trafica con fentanilo está traficando con la vida de nuestra gente, y la ley tiene que responder con la misma seriedad”, expresó el senador Rosa Ramos.
Según el texto aprobado, el tribunal impondría una pena adicional de cinco años cuando se pruebe más allá de duda razonable la presencia de fentanilo mediante análisis químico, toxicológico o prueba pericial admisible. La presencia de la sustancia no podría inferirse únicamente por su nombre común, apariencia, empaque, las expresiones del vendedor o los efectos percibidos por la persona usuaria.
La pena adicional aumentaría a diez años cuando la conducta involucre distribución, venta, entrega o transferencia a menores de 18 años, o cuando ocurra en escuelas, universidades, instalaciones recreativas, parques, centros de cuido o sus alrededores.
Cuando el Ministerio Público pruebe más allá de duda razonable que el fentanilo distribuido fue un factor sustancial que contribuyó a la muerte de una persona, la pena adicional sería de veinte años.
“Detrás de cada sobredosis hay una familia destrozada. Por eso esta medida es más severa cuando se pone en riesgo a nuestros niños y jóvenes, cuando se trafica cerca de una escuela o un parque, y cuando el fentanilo le cuesta la vida a un ser humano”, sostuvo el legislador.
El proyecto excluye el uso y manejo legítimos del fentanilo conforme a la ley, los reglamentos y las autorizaciones aplicables, así como su utilización en la práctica médica, farmacéutica, veterinaria, científica o investigativa. También dispone que los bienes utilizados o derivados de las conductas agravadas estarían sujetos a incautación y confiscación conforme a las leyes aplicables.
En el área de prevención, la medida dispone que el Departamento de Salud coordine campañas educativas con el Departamento de Seguridad Pública, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el Departamento de Educación y la Policía de Puerto Rico.
Las campañas abordarían los riesgos de las drogas adulteradas con fentanilo, la prevención de sobredosis, la reducción de daños, el uso de naloxona, el acceso a tratamiento y la respuesta temprana. Salud también podría establecer protocolos interagenciales para recopilar, analizar y divulgar datos sobre fentanilo ilícito, sobredosis y muertes asociadas.
“Castigar con firmeza a quien trafica es parte de la solución, pero no es toda la solución. Tenemos que educar, prevenir y llegar a tiempo. Una familia que sabe reconocer una sobredosis y usar naloxona puede salvar una vida”, puntualizó Rosa Ramos.
La exposición de motivos señala que el fentanilo puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. También recoge advertencias de las autoridades de seguridad pública sobre su presencia creciente en el mercado ilícito de drogas en Puerto Rico.
De convertirse en ley, la medida entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación.
“Hoy el Senado envía un mensaje claro: en Puerto Rico, traficar con fentanilo va a tener consecuencias serias. Exhorto a mis compañeros de la Cámara a darle paso a esta medida con la urgencia que la situación requiere, porque cada día cuenta”, concluyó el senador.