La Organización de Abogados Populares (OAP) solicitó a la gobernadora Jenniffer González que vete el Proyecto del Senado 1096, que propone establecer una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico, al sostener que sus disposiciones afectarían la independencia judicial y alterarían las facultades administrativas de la presidencia del Tribunal Supremo.
El presidente de la organización, Abner Otero Rosario, indicó en un comunicado que la entidad presentó un memorial con enmiendas que, según denunció, no fueron acogidas por la Asamblea Legislativa.
Otero Rosario describió la medida como “un diseño deliberado para despojar al juez presidente de su facultades constitucionales y transferirlas al pleno del Tribunal Supremo”.
“El convertir en Ley el Proyecto del Senado 1096 impacta negativamente la independencia judicial mientras plantea objeciones constitucionales. Ante este escenario levantamos nuestra voz a través de unas enmiendas sugeridas al proyecto las cuales fueron ignoradas por la Asamblea Legislativa”, denunció Otero Rosario. “Ahora nuestro llamado es a la gobernadora Jenniffer González para que no apruebe el proyecto que va rumbo a La Fortaleza”.
Entre los cambios propuestos por la OAP figuraban eliminar las disposiciones que, a su juicio, restan facultades a la presidencia del Supremo y permitir que un juez renominado permanezca en funciones mientras el Senado evalúa su nombramiento.
La organización también planteó conservar los jueces municipales y las salas especializadas para menores, así como asignar fondos para los nuevos deberes que establecería la medida.
Otero Rosario sostuvo que una modificación de la distribución constitucional de facultades de la Rama Judicial requeriría una enmienda constitucional, en lugar de legislación ordinaria.
“Si la intención es cambiar el diseño de 1952, el único proceso legítimo es someter una enmienda constitucional para que sea ratificada por el pueblo. En lugar de legislar desde conclusiones predeterminadas, la organización propone convocar un proceso de evaluación riguroso y en conjunto entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial a través de la Conferencia Judicial. Este proceso debe incluir a jueces, empleados, Escuelas de Derecho, organizaciones de servicios legales y líderes comunitarios para fundamentar cualquier cambio organizativo o fiscal con datos reales”.
El Proyecto del Senado 1096 propone sustituir la Ley de la Judicatura de 2003. La OAP enmarcó su petición de veto en sus objeciones a los cambios en la administración y organización de los tribunales.