El Senado aprobó el Proyecto del Senado 1447, que propone prohibir los honorarios contingentes vinculados a la contratación del Gobierno y los municipios, y establecer sanciones para quienes intervengan intencionalmente en ese tipo de acuerdo.
La medida fue presentada por petición por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y recibió el aval del cuerpo en su segundo informe. También aplicaría a los consorcios municipales y requeriría que los contratos gubernamentales y municipales incluyan una certificación de cumplimiento con la prohibición.
La exposición de motivos del proyecto define los honorarios contingentes y sostiene que “los honorarios contingentes se refieren a la compensación cuyo pago está condicionado al pago u otorgamiento de beneficios, con fondos o bienes públicos, a personas naturales o jurídicas, como compensación por la adjudicación de determinados contratos, licitaciones o servicios públicos. Esa práctica está prohibida en el gobierno federal de los Estados Unidos en lo relativo al uso de fondos federales, así como en 43 estados de la Unión. Esa prohibición, sin embargo, no existe en Puerto Rico”.
Según el comunicado del Senado, el proyecto añadiría al Código Penal el delito de intervención indebida mediante honorarios contingentes. Las sanciones alcanzarían a quienes participen intencionalmente en esos acuerdos, incluidos funcionarios o empleados públicos que otorguen contratos con conocimiento de su existencia.
La medida contempla, además, la restitución del honorario, la cancelación del contrato y la recuperación de fondos públicos. Las entidades gubernamentales y los municipios tendrían 180 días para armonizar sus reglamentos, formularios y procedimientos con la nueva política pública.
OTRAS MEDIDAS APROBADAS
Durante la sesión, el Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1207, del senador Wilmer Reyes Berríos, que propone establecer un marco para la planificación, activación, operación y cierre de refugios de emergencia, así como su inspección anual.
La propuesta contempla estándares de accesibilidad física y de comunicación, acomodos razonables, áreas de menor estímulo sensorial para personas autistas u otras condiciones del neurodesarrollo y espacios para animales de servicio.
“Puerto Rico conoce de primera mano lo que significa enfrentar la furia de un huracán, perder el techo de un hogar y tener que buscar protección en un refugio de emergencia. El huracán María nos dejó grandes lecciones. Una de ellas fue que no basta con identificar un edificio y colocarle un letrero que diga refugio. Tenemos que garantizar que esa instalación tenga las condiciones necesarias para proteger la vida, la salud y la dignidad de nuestros ciudadanos”, expresó Reyes.
El cuerpo avaló, además, el Proyecto del Senado 901, del portavoz de mayoría Gregorio Matías Rosario, que autorizaría al superintendente de la Policía a establecer un banco de talentos de policías pensionados interesados en regresar voluntariamente como reservistas para realizar tareas administrativas. La contratación estaría sujeta a la disponibilidad de fondos y los participantes podrían continuar recibiendo su pensión.
Asimismo, aprobó la Resolución Conjunta del Senado 169, de la senadora Brenda Pérez Soto, para que la Policía y el Departamento de Corrección y Rehabilitación elaboren un protocolo conjunto sobre la intervención e investigación de delitos y faltas en instituciones correccionales.
El Senado dio paso a la Resolución del Senado 614, de María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, que ordena a la Comisión de Salud investigar la implantación y el cumplimiento de la Ley 105-2016, sobre servicios de apoyo para la inserción social de personas con impedimentos de 22 años en adelante.
Entre las medidas de la Cámara aprobadas figuran el Proyecto de la Cámara 1298, que establece una asignación recurrente de $1 millón del Fondo para el Desarrollo de la Industria Turística para eventos hípicos, y el Proyecto de la Cámara 513, sobre sucesiones intestadas y determinados inmuebles declarados estorbos públicos.