La caída de un banco puso en peligro los ahorros de millones de personas en Paraguay. En cuestión de días, también dejó sin sostén político al presidente Santiago Peña, quien presentó este jueves su renuncia en medio de protestas y de un proceso de juicio político impulsado por legisladores de oposición y miembros de su propio partido.
La crisis alrededor de Ueno Bank transformó una disputa sobre supervisión financiera en una pregunta más amplia sobre la cercanía entre el poder político, los empresarios y las instituciones encargadas de vigilar el sistema bancario.
Peña anunció su decisión mientras el Congreso consideraba su destitución. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que daba el paso para preservar la estabilidad y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la población, aunque no asumió directamente responsabilidad por la crisis.
Un banco en el centro de la tormenta
El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank luego de detectar que su nivel de capital había caído por debajo de lo exigido. Según las autoridades, entre los problemas encontrados figuraban préstamos insuficientemente documentados a empresas vinculadas con los propietarios y gastos registrados indebidamente como activos.
La intervención tuvo consecuencias inmediatas para los clientes: dejaron de funcionar las tarjetas, las transferencias y la aplicación, mientras las sucursales cerraron. La entidad reportaba unos 2.9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.
Las autoridades anunciaron que habían comenzado a devolver fondos y a trasladar cuentas a otras instituciones. Pero el cierre dejó a personas sin acceso inmediato a sus ahorros, pensiones y pagos, y a trabajadores pendientes del cobro de sus salarios.
Para los manifestantes que salieron a las calles de Asunción, el problema no se limitaba a una entidad financiera. También exigían explicaciones sobre cómo se permitió que el banco creciera y recibiera recursos públicos mientras existían advertencias sobre sus operaciones.
Los vínculos que debilitaron a Peña
La posición del mandatario se volvió especialmente vulnerable por sus conexiones anteriores con el grupo vinculado a Ueno. Peña fue accionista de la empresa matriz hasta 2025. Además, durante su presidencia nombró al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había presidido la financiera antecesora del banco.
El mandatario había defendido a Ueno y minimizado las advertencias en las semanas previas a la intervención. Tras estallar la crisis, pidió la renuncia de Carvallo e impulsó medidas para agilizar la devolución de depósitos. Ninguna de esas decisiones logró detener la pérdida de apoyo político.
Un grupo de diputados acusó a Peña de conflicto de intereses y cuestionó tanto el nombramiento de Carvallo como la colocación de fondos públicos en la entidad. Esos señalamientos forman parte de la acusación política y no equivalen, por sí solos, a una determinación judicial de culpabilidad.
Cuando el apoyo de su partido desapareció
La señal más clara de que la presidencia de Peña estaba en peligro llegó desde su propia casa política.
El expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y mentor político de Peña, anunció que respaldaría el juicio político. Con ello, el mandatario perdió el apoyo de una figura clave de la estructura que lo llevó al poder en 2023.
La ruptura fue decisiva. La oposición ya reclamaba la salida del presidente, pero necesitaba suficientes votos para que la acusación avanzara. La decisión de sectores oficialistas de sumarse dejó a Peña cada vez más aislado.
También mostró la capacidad del Partido Colorado para tomar distancia de un presidente surgido de sus filas cuando el costo político de defenderlo se volvió demasiado alto. Que eso permita al partido conservar influencia no significa necesariamente que resuelva las preguntas sobre la actuación de sus dirigentes y las instituciones bajo su control.
¿Un giro político en Paraguay?
La salida de Peña no supone, por sí sola, un cambio de orientación política en el Gobierno. El vicepresidente Pedro Alliana, también del Partido Colorado, es quien está llamado a sucederlo conforme a la Constitución y completar el mandato previsto hasta 2028.
Al momento de redactar este análisis, estaba pendiente que el Congreso aceptara formalmente la renuncia y se concretara la sucesión. Alliana, además, figura entre las autoridades cuestionadas por los diputados que solicitaron juicio político, por lo que su eventual llegada a la Presidencia tampoco cerraría automáticamente la controversia.
La primera prueba para quien quede al frente del Ejecutivo será práctica: garantizar que los clientes recuperen sus fondos y explicar qué ocurrirá con los recursos públicos depositados en Ueno.
La prueba de mayor alcance será institucional. Las investigaciones deberán determinar qué ocurrió dentro del banco, si las alertas fueron atendidas a tiempo y si funcionarios públicos incumplieron sus deberes. La renuncia de Peña puede aliviar la presión política inmediata, pero esas preguntas seguirán abiertas después de su salida.