El Departamento de Educación reconoció ante una comisión del Senado que la implementación de un nuevo sistema financiero ha ocasionado demoras administrativas que podrían repercutir en la utilización de fondos federales dentro de los plazos establecidos por las agencias que los conceden.
El señalamiento surgió durante la quinta vista pública de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, presidida por el senador Carmelo Ríos Santiago, como parte de una investigación sobre la capacidad del Gobierno para administrar y supervisar fondos federales.
La directora de la Oficina de Política Pública de Educación, Saraí Ruiz Maisonet, explicó que el sistema Enterprise Resource Planning (ERP) ha provocado atrasos en el procesamiento de transacciones y la emisión de facturas. Advirtió que estas demoras pueden afectar la ejecución presupuestaria y crear riesgos de incumplimiento, aunque precisó que no constituyen por sí mismas evidencia de uso indebido de fondos.
Por su parte, el director de la Oficina de Asuntos Federales, Edgar Delgado Serrano, señaló que Educación utiliza un mecanismo de intervención temprana para evaluar mensualmente los planes financiados con fondos federales. También indicó que un agente fiduciario externo revisa determinadas transacciones y que se prevé transferir esa función a la Oficina de Cumplimiento de la agencia cuando concluya su labor a principios de 2027.
En la vista compareció además la directora ejecutiva de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), María L. Marín Colón, quien explicó que esa entidad administra y supervisa la distribución de fondos de recuperación de FEMA mediante subadjudicaciones a municipios, agencias y organizaciones elegibles. Aclaró que COR3 no fiscaliza todos los fondos federales recibidos por el Gobierno de Puerto Rico.
A preguntas de la senadora Roxanna Soto Aguilú, Marín Colón aseguró que la entidad no ha perdido fondos de recuperación por desastres y detalló los mecanismos disponibles para solicitar extensiones de los términos de los proyectos.
Durante la sesión, Ríos Santiago también cuestionó las ausencias del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas en las vistas a las que ha sido citado. “No lo vamos a excusar”, advirtió el legislador.
La investigación se realiza al amparo de la Resolución del Senado 429 y busca examinar los procesos administrativos, técnicos y fiscales vinculados a fondos federales. Ríos Santiago indicó que los hallazgos servirán de base para un informe con recomendaciones.