La empresa Deloitte Consulting LLP reconoció este jueves ante una comisión del Senado que el sistema financiero IntegraPR, conocido como ERP, no ha completado los cierres financieros mensuales desde su entrada en funcionamiento en julio de 2026. La admisión se produjo durante una vista pública que dio seguimiento a la investigación legislativa sobre los atrasos en pagos a suplidores del Gobierno.
Durante la audiencia de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, presidida por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, Deloitte y la Administración de Servicios Generales (ASG) ofrecieron explicaciones diferentes sobre las causas de los problemas de la plataforma.
El principal oficial de Deloitte, Ángel Quiñones Cardona, reconoció que “no se han completado los cierres financieros mensuales desde la puesta en funcionamiento del sistema en julio”. Según expuso, deben atenderse los cierres correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre para evitar mayores complicaciones al finalizar el año fiscal.
Deloitte y ASG discrepan sobre las fallas
Quiñones Cardona sostuvo que las dificultades principales se relacionan con la conversión de datos y el uso del sistema por parte de las agencias, en lugar de fallas críticas de configuración. Informó que desde julio se han procesado 80,692 facturas y pagos por aproximadamente $5,950 millones a más de 7,000 suplidores.
Para el Departamento de Educación, Deloitte reportó pagos de 33,735 facturas por alrededor de $353.8 millones. Sin embargo, admitió que otras 2,373 facturas de transportación escolar, por $7.4 millones, permanecen sin pagar en su totalidad.
La administradora de ASG, Karla G. Mercado Rivera, presentó una evaluación distinta. Sostuvo que la agencia había advertido deficiencias de configuración y que el módulo de Compras del Departamento de Educación no estaba preparado para operar conforme a los requisitos de la dependencia. “Ese módulo no estaba listo para operar”, reiteró.
Mercado Rivera señaló posibles problemas en la clasificación de transacciones y en la migración de datos de suplidores. Advirtió que esas dificultades podrían afectar la confiabilidad de los estados financieros y la gestión de adquisiciones públicas. “Lo que se ve allá afuera es el pago a suplidores, pero eso tan solo es la punta del iceberg”, expresó.
Contrato y nueva fase del sistema
Según Deloitte, el contrato original de $73.1 millones fue enmendado 14 veces, hasta alcanzar un valor máximo aproximado de $86.4 millones. La empresa informó que ha recibido alrededor de $67.6 millones y que no se le han impuesto penalidades contractuales.
Quiñones Cardona confirmó, además, que la segunda fase del ERP, destinada a Recursos Humanos y Nómina, no estará lista para enero de 2027, como se había previsto. Atribuyó el atraso a información pendiente para probar cálculos de nómina y beneficios, así como a integraciones con otros sistemas. También explicó que los ciclos de activación del módulo de Nómina pueden provocar aplazamientos de tres meses cuando no se cumple la fecha programada.
Durante la vista, el senador Ríos Santiago indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto aprobó una solicitud de $9 millones para atender pagos pendientes a transportistas escolares, cuyo trámite continuaría ante la Junta de Supervisión Fiscal. El legislador afirmó que la investigación no pretende cancelar el contrato ni el sistema: “Aquí no estamos buscando la cancelación de un contrato ni del sistema. Aquí lo que buscamos es resolverle a la gente”.
Los senadores Luis Javier Hernández Ortiz, Roxanna Soto Aguilú y Ángel Toledo también formularon preguntas sobre pagos atrasados, enmiendas contractuales, requisitos técnicos y advertencias previas a la implementación. Deloitte señaló que los atrasos pueden responder a varias causas, incluida la falta de fondos en órdenes de compra.
Al concluir, Ríos Santiago anunció que se convocará una nueva vista pública para el 30 de noviembre de 2026, con citaciones al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).