(San Juan, Puerto Rico – 8 de junio de 2020) – La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para Puerto Rico anunció hoy que radicó una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico con la intención de obligar al Gobierno a entregar documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para cmprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.
La Junta de Supervisión busca información sobre los contratos de cantidades multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros, a fin de comprender los procesos y procedimientos conforme a los cuales se aprobaron y firmaron
estos contratos, y de esta manera retomar y mejorar la confianza que tiene el pueblo en los procesos de compras del Gobierno en tiempos de emergencia.
“Las reglas que utiliza el Gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia”, afirmó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “Los
contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda”.
La Ley PROMESA otorga a la Junta de Supervisión la autoridad para revisar y aprobar contratos gubernamentales a fin de garantizar que dichos contratos promuevan una sana competencia del mercado y que sean congruentes con el Plan Fiscal Certificado. Luego de la
controversia suscitada con el contrato entre Whitefish Energy Holdings y el Gobierno, tras el paso del huracán María, la Junta de Supervisión implementó una política abarcadora sobre revisión de contratos como parte de su mandato bajo la Ley PROMESA. Esta política de revisión de contratos está publicada en el sitio web de la Junta para que el pueblo de Puerto Rico pueda accederla.
Aun cuando la Junta de Supervisión accedió a flexibilizar temporeramente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Gobierno tiene que cumplir con proporcionarle a la Junta una copia de cada contrato para que pueda revisarlo inmediatamente, luego de que se suscriba.
El mismo tiene que venir acompañado de una certificación de las contribuciones políticas del contratista a manera de protección contra actos delictivos. El 16 de marzo de 2020, la Gobernadora firmó una Orden Ejecutiva que estableció los procedimientos especiales de compras durante emergencias.
No obstante, el Gobierno suscribió contratos sin haberlos entregado a la Junta de Supervisión para su revisión inmediata. Estos contratos provocaron muchas interrogantes dada su magnitud y las entidades involucradas. Finalmente, el Gobierno canceló su contrato con Apex.
La Junta de Supervisión lleva dos meses tratando de obtener los contratos de compra de las pruebas de COVID-19, así como la información y los documentos del Gobierno referentes a las negociaciones y el proceso de compras. Desde entonces, la Junta ha recibido algunos de los contratos, pero no todos los documentos solicitados. Los esfuerzos que ha llevado a cabo la Junta para atender estas deficiencias no han sido respondidos y, en algunos de los casos, ignorados.
Las preguntas que prevalecen son qué procedimientos y procesos llevaron a suscribir esoscontratos. La Junta de Supervisión desea entender y conocer los detalles en estos documentos, para ofrecer recomendaciones conducentes a mejorar el proceso de contrataciones. Esto contribuirá a una mayor eficiencia y competitividad de los mercados en cuanto al uso de fondos públicos. Como resultado, la Junta de Supervisión presentó una demanda para que se le provea la información retenida y a la cual tiene derecho a tenor con la Ley PROMESA, las políticas de la Junta de Supervisión y la Orden Ejecutiva.
“El Gobierno y el público deben poder confiar en los procesos de compras y contrataciones a nivel gubernamental, particularmente en medio de una emergencia como la que atravesamos en estos momentos”, afirmó Jaresko. “La rapidez y la urgencia con que se atienden los asuntos en medio de una crisis son de vital importancia, pero también son cruciales la eficiencia, la certeza y la transparencia. Sin transparencia no puede haber confianza, y sin confianza Puerto Rico no podrá superar esta crisis fiscal, que de nuevo se exacerba por otra emergencia trágica”.