EL CAPITOLIO – La comisionada residente en Washington D.C. y vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón señaló hoy, viernes, ante la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública, que no ha presenciado ninguna amenaza de despido contra empleados públicos por haber participado de sus actividades partidistas.
La aclaración de González Colón se da luego de que se difundiera un video en redes sociales el pasado 28 de enero de 2023, donde se mira a la funcionaria agradeciendo, principalmente, la presencia de los presidentes municipales del PNP “aunque los hayan amenazado de que los vayan a botar” por asistir a la actividad celebrada en el Municipio de Añasco.
En un turno inicial, luego de haberse proyectado el video donde González Colón expresa su apoyo a los políticos municipales, el presidente de la Comisión, Héctor Ferrer Santiago estableció que las expresiones vertidas por la comisionada residente pudieran constituir conductas tipificadas como delito en el Código Penal de Puerto Rico, en el Código Electoral, y violaciones sobre la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.
“El discrimen político es contrario a los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico”, señaló Ferrer Santiago.
A preguntas del legislador popular, la comisionada destacó que sus expresiones grabadas durante el mítin político “han sido sacadas de contexto”.
“No estuve presente ni he sido testigo en ningún caso donde se hayan tomado represalias o haya habido alguna conducta que pueda ser considerada discriminatoria. Sin embargo, sí he escuchado relatos de posibles situaciones donde personas alegan haber sido discriminadas”, aseguró González Colón, quien fue citada en calidad de vicepresidenta del PNP.
González Colón destacó que las expresiones que realizó durante la actividad política y privada no representan un acto ilegal, inmoral o antiético. “Estas expresiones constituyen una advertencia de que voy a estar atenta y vigilante a cualquier acto”.
La vicepresidenta del PNP alertó que los empleados están protegidos por la Ley 100. “La Ley 100 protege a los empleados de todo tipo de discrimen, por lo que las víctimas deben acudir al foro legal para atender casos de discrimen político”, destacó González Colón.
En su turno de preguntas, Ferrer Santiago leyó una lista de nombres, que según el legislador corresponden a legisladores municipales del PNP que pudieran haber sido amenazados. La comisionada rechazó revelar información sobre personas que puedan tener una causa de acción.
Por su parte, la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz destacó en su turno que “nadie merece trabajar bajo presión de conductas inconstitucionales para llevar el pan a la mesa de su hogar. Todo empleado público debe sentirse libre de asociarse al partido de su preferencia y elegir el candidato de su preferencia”.
Al mismo tiempo, el representante Jesús Manuel Ortiz González expresó que “el propósito de la Comisión está claramente definido… La exhortación que me queda por hacer es que cualquier persona que sea víctima de una represalia política en su empleo debe dar un paso al frente y denunciarlo”.
Ortiz González destacó también que “la vista pública cumplió su propósito de dejar establecido que hay personas que le han hecho acercamientos a la señora comisionada para hacerle un planteamiento de que se han sentido discriminados por parte del gobierno de Puerto Rico”.
Antes de finalizar los trabajos, Ferrer Santiago sentenció que “en el día de hoy, la comisionada residente ha expresado que no tiene conocimiento de las amenazas, que no va a brindar nombres de las personas que han sido amenazadas tras su afirmación”.