EL CAPITOLIO – La Comisión de Gobierno continuó hoy, viernes, la atención en vista pública del Proyecto de la Cámara (PC) 1333, que busca declarar un estado de emergencia estatal por violencia infantil y sobre la Resolución de la Cámara (RC) 683, que ordena realizar una investigación abarcadora sobre la violencia juvenil en Puerto Rico.
Ambas medidas buscan atender con urgencia el grave problema de maltrato en colaboración del sector gubernamental, académico y comunitario.
La vista pública contó con la participación del presidente del Social & Community Concepts Inc., Mariano A. Ortiz Rivera, corporación que ofrece servicios de atención sobre referidos de maltrato a menores de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), y del presidente de la compañía TeleMedik, Joaquín Fernández Quintero, empresa que actual administra la línea directa para situaciones de maltrato del Departamento de la Familia (DF).
En su ponencia, Ortiz Rivera explicó la experiencia de su compañía en la colaboración con el Estado para atender referidos de maltrato de menores y los retos que retrasan su labor en la atención de este fenómeno social.
“Algunos retos que hemos experimentado como compañía es la falta de recursos por parte de la policía estatal o municipal para la atención de situaciones de peligro, falta de conocimiento de la Ley 246 (Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores) y prioridad en centro hospitalarios, falta de prioridad en procesos judiciales y falta de información y acciones por parte del sector educativo”, señaló Ortiz Rivera.
Según los datos que se reportan en los informes que realiza el Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos, Puerto Rico ha recibido un promedio de 15,600 referidos sobre alegaciones de maltrato de menores desde el año 2017 hasta el 2020.
En una vista pública anterior, la administradora de ADFAN, Glenda Gerena Ríos reconoció la existencia de 10,458 referidos de posibles maltratos a menores aún sin investigar desde el año 2016. En especial, uno de los problemas principales que retrasan los trabajos para atajar la problemática de violencia es la falta de fondos en el Departamento de la Familia que se ha traducido en deficiencias administrativas, y falta de trabajadores sociales.
Ortiz Rivera coincide que la empresa privada, incluyendo su organización, han servido de alivio para el DF, pero al mismo tiempo, el experto reconoce que Familia necesita ser robustecido a nivel económico para maximizar los beneficios de subcontratar servicios y lograr enfocar los recursos disponibles en la implementación de planes de servicio que asistían de manera directa a las familias involucradas.
Durante el pasado presupuesto, Familia solicitó a la Junta de Control Fiscal $6 millones adicionales, pero solo recibió aprobación para $2.5 millones, presupuesto que sólo permite contratar 94 trabajadores sociales, de los 200 a 300 necesarios para brindar un servicio eficiente y de calidad.
“El Departamento de la Familia y su administración han realizado esfuerzos de reclutamiento de nuevo personal con el fin de brindar los servicios necesarios a la población puertorriqueña, sin embargo las bajas, una vez se reclutan a los profesionales, es una muestra de que existen asuntos muchos más profundos que una limitación en el reclutamiento”, destacó Ortiz Rivera.
Por otro lado, el presidente de Social & Community Concepts Inc., también recomendó que se reactive los trabajos de la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia “con el fin de poder dar seguimiento a las diversas agencias sobre el cumplimiento del estado de emergencia en donde la primera tarea debe ser presentar la propuesta de cómo se cumplirá con la Ley 246”.
Durante el encuentro legislativo, también los deponentes resaltaron que los niveles de violencia que experimenta la juventud puertorriqueña son reflejo de una realidad compleja y multifacética de los retos socioeconómicos de las familias puertorriqueñas.
Burocracia en políticas administrativa del DF “aumenta vulnerabilidad en casos de maltrato de menores”
Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz González, presidente de la Comisión en un turno preguntó a los representantes de TeleMedik sobre cuál es el mecanismo que utilizan los trabajadores sociales escolares del Departamento de Educación para referir casos de maltrato en menores.
Zahíra Vieta, supervisora de la línea directa de llamadas de TeleMedik, señaló que los trabajadores sociales escolares deben canalizar los referidos por la línea de llamadas que normalmente utiliza la población general o por medio de la línea de emergencia 9-1-1.
“Esta información me toma por sorpresa y me genera mucha preocupación. Esa política de Familia, de trabajar los casos de referidos escolar a través de una línea de llamada que no da abasto para atender casos de violencia juvenil por parte de la población general, es un problema serio que debe llamarnos la atención. Esa realidad, suma burocracia y lentitud a una situación que necesita ser atendida de inmediato, porque estamos hablando de posibles referidos de casos que significa la vida y seguridad de un niño o joven”, explicó Ortiz González.
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón también se mostró preocupado por la información que la representante de TeleMedik brindó a la Comisión. “Uno se entera de situaciones que no atienden de manera adecuada situaciones tan serias como la violencia en la población juvenil. Trabajar las llamadas escolares por la línea de llamadas (de TeleMedik) vulnera aún más estos casos de violencia”, destacó el legislador pipiolo.
En su ponencia, Fernández Quintero argumentó que su compañía cuenta con 29 trabajadores sociales para atender las llamadas que agrupan además de casos de violencia infantil, casos de maltrato de adultos mayores, adultos con impedimento y maltrato institucional de menores y adultos mayores.
“Hemos observado un aumento en al menos seis tipologías de maltrato a menores, estas son maltrato físico, negligencia, maltrato emocional, explotación, maltrato institucional y abuso sexual. Además, se ha observado un incremento en los referidos que se envían a la Unidades de Investigación con la clasificación de Peligro Presente y Peligro Inminente, lo que nos sirve de indicador para establecer la severidad de los maltratos que reciben los menores y la necesidad de establecer un estado de emergencia por la violencia infantil en Puerto Rico”, añadió Vieta.
TeleMedik especificó que las Unidades de Investigación son manejadas exclusivamente por el DF. En los casos de peligro presente, la agencia deberá actuar sobre la situación entre 0-4 horas. Por otra parte, la clasificación de peligro inminente corresponde a un caso que la agencia debe atender en 24 a 48 horas.