EL CAPITOLIO – El doctor Ramón Méndez Sexto, presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM) se expresó en contra de la Resolución Conjunta de la Cámara 370 que ordena al organismo a aplicar de manera uniforme y retroactiva al examen de Reválida de Medicina, administrado durante los meses de julio y diciembre de 2021.
El galeno aseguró en vista pública de la Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado, que la medida en discusión no presenta la más mínima información sociométrica para justificar que ambos exámenes, de julio y diciembre de 2021, son idénticos en grado de dificultad.
“Por la complejidad del asunto el Estado generalmente delega en juntas examinadoras la facultad de trazar los objetivos de reválidas de profesión. Las juntas examinadoras tienen la responsabilidad de formular el método más adecuado para asegurar la calidad de los que van a tener esa licencia exclusiva concedida por el Estado”, destacó el presidente de la JLDM.
“Independientemente de cuál es el procedimiento seleccionado, el mismo debe ser confiable, tanto desde el punto de vista científico como de su razonabilidad y aplicabilidad a la profesión reglamentada”, añadió.
Respecto al examen ofrecido en el mes de diciembre de 2021, el galeno aclaró que la Universidad Central del Caribe (UCC) revisó y estableció unos parámetros reales de la reválida.
“Una vez la UCC verificó el examen, se toma la decisión que cada Reválida va a tener su propia evaluación y criterios de aprobación”, explicó el presidente de la JLDM.
Méndez Sixto admitió en la visita pública que cuando llegó a la JLDM había una deficiencias. “La Junta no tiene acceso a la reválida por ley. Esta ley no nos permite tocar el examen, así que nosotros no vemos las preguntas, ni las cualificaciones, ni cómo se corrigen. Eso se hace en la UCC, que está autorizado por ley”.
Ante esto, el presidente expuso que ha sometido varias enmiendas a la ley que regula el licenciamiento.
Cabe destacar que las enmiendas sugeridas por el presidente de este organismo se encuentran en el Senado de Puerto Rico.
Se trata del Proyecto del Senado 1134, que enmendaría la Ley de la JLDM para que este organismo pueda reconocer cualquier programa de residencia estatal y expedir certificaciones de especialidad y subespecialidad en medicina. También podrían emitir certificaciones como especialistas de médicos emergenciólogos y certificaciones de médico de cuidado primario y acupunturistas.
De esta forma, la directora ejecutiva del Departamento de Salud (DS) sostuvo que la JLDM, la cual está adscrita a la agencia gubernamental, tiene el deber de intervenir en los asuntos que afecten a los profesionales de salud y todo lo relacionado al campo de la medicina con el fin de cumplir la misión fiscalizadora y la política pública del Estado.
Por su parte, el doctor Eduardo Treviño del Grupo de Médicos Unidos por la Justicia resaltó ante la Comisión cameral las irregularidades y fallas que ha tenido la JDLM en los últimos años.
“La JDLM ha filtrado información de irregularidades, jamás imaginadas que deben ser atendidas por esta Comisión. Esto, incluyendo al manejo impropio de resultados, corrección, deficiencia en la redacción de los exámenes, manejo de curvas injustificadas o beneficiando a un sector particular”, planteó.
A su vez, el galeno dijo que el análisis estadístico formal es incongruente con la metodología que utilizan en la UCC, ya que el ejemplo numérico de pase es de un 95% por el cual es evaluado el examen.
“El examen no representa el conocimiento básico o clínico según corresponda del examinado. Son los resultados los que validan el valor real del examen y su análisis”, manifestó Treviño, quien exigió un examen justo y transparente.
De esta manera, el doctor Edgardo Ortiz del Grupo de PRMLE/USMLE solicitó que la reválida de diciembre de 2022 sea revisada inmediatamente y que se otorgue los puntos por los errores contenidos en el examen.
“Exigimos que la evaluación sea un proceso justo, claro e íntegro. Durante una revisión que hicimos (el grupo) nos percatamos que hubo errores y discrepancias en las hojas de resultados. Entendemos que las hojas de cotejo estaban divididas para los exámenes ofrecidos en español e inglés”, planteó Ortiz.
Al concluir, la legisladora Higgins Cuadrado sostuvo que el ente que, probablemente mide a los candidatos, no es la correcta. “Lo que buscamos con esta resolución es que el rigor y la capacidad de los candidatos sea evaluada de una manera transparente y justa. No hay duda de que las acciones de carácter proactivo son indispensables para detener la constante fuga de profesionales”, subrayó.