Una nueva controversia sacude los bolsillos de los consumidores en Puerto Rico. Esta semana, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció que comenzará a cobrar un cargo provisional de 1.88 centavos por kilovatio-hora para cubrir las pensiones de sus jubilados. La medida, avalada por la Junta de Supervisión Fiscal, busca mantener a flote el sistema de retiro mientras se concreta la largamente postergada reestructuración de la deuda de la corporación pública.
Para los más de 1.3 millones de abonados de la AEE, esto representa un aumento directo en la factura de luz, en un país que ya paga una de las tarifas más altas de energía en Estados Unidos. Lo más preocupante, según expertos, es que este cargo podría mantenerse más allá de 2025, dado que el Plan de Ajuste de Deuda aún no ha sido implementado del todo por el tribunal bajo PROMESA.
Mientras tanto, el debate crece: ¿es justo que los consumidores asuman el costo de unas pensiones que debieron estar garantizadas con aportaciones institucionales? ¿Dónde quedó la responsabilidad fiscal de las sucesivas administraciones y políticos que permitieron el colapso del fondo de retiro? Es hora de que el gobierno y los políticos de turno asuman su responsabilidad, auditen la deuda para establecer las verdaderas responsabilidades y encuentren fuentes de financiamiento alternativas. Esto debe hacerse reduciendo gastos y sin afectar al consumidor ni aumentar impuestos.
Desde la otra acera, miles de jubilados que entregaron décadas de servicio exigen que se respete su derecho a una pensión digna. Muchos no reciben Seguro Social y dependen exclusivamente de esos ingresos para sobrevivir. “No es justo que quieran ponernos a competir con la indignación del pueblo”, expresó esta semana un portavoz del sector retirado.
El tema no es nuevo, pero vuelve con fuerza en un momento de creciente desigualdad. Mientras se discute el aumento tarifario de 11 centavos por kilovatio-hora solicitado por LUMA Energy, y mientras la generación eléctrica permanece frágil y cara, se profundiza el desencanto ciudadano ante un sistema insuficiente, con constantes interrupciones que, una vez más, parece castigar al consumidor final.
Hoy, más que nunca, la pregunta no es solo técnica ni fiscal. Es ética: ¿quién debe pagar el precio de haber llevado a la quiebra a la AEE ?