La Junta de Control Fiscal aprobó un contrato de emergencia y envió una carta dirigida a Genera PR, permitiéndole adquirir combustible de su empresa matriz, New Fortress Energy, para abastecer terminales que la propia compañía había dejado de atender.
El documento extiende temporalmente el acuerdo existente con las mismas condiciones, sujetas a los límites de la Ley PROMESA. Esta ley exige que las contrataciones promuevan la competencia y sean coherentes con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La Junta dejó constancia de sus observaciones en un apéndice adjunto, aclarando que no se encargó de hacer una revisión legal profunda del contrato o el proceso de contratación.
La gobernadora Jenniffer González Colón informó que New Fortress había suspendido unilateralmente el suministro de gas a 14 unidades de generación temporal, por lo que sólo cinco se habían reconvertido para operar con diésel, dejando nueve inactivas y poniendo en riesgo el suministro eléctrico en Puerto Rico.
Según la mandataria, el contrato de emergencia responde a esta situación crítica y busca que se mantengan las mismas tarifas del acuerdo anterior, sin incrementos injustificados por la condición de emergencia. Además, advirtió que la deuda de alrededor de 12 millones de dólares que alegadamente mantiene el Gobierno con New Fortress no influirá en esta contratación temporal.
La situación ha puesto de relieve que New Fortress controla exclusivamente el acceso al muelle de San Juan, única infraestructura disponible para el desembarque de gas natural licuado (GNL), lo que limita al Gobierno la posibilidad de buscar proveedores alternos.
La aprobación del contrato de emergencia se extiende hasta el 25 de julio, después de lo cual cualquier nueva extensión requerirá la aprobación de la Junta de Control Fiscal.