ARECIBO – En un caso que ha sacudido a la opinión pública en la isla, miles de personas se han solidarizado con Miguel Ángel González Vargas, el hombre de 60 años acusado de asesinar a Wisler Galarza, de 21 años, presunto agresor de su hija menor. Los hechos ocurrieron el viernes 5 de julio cerca de la medianoche en el residencial Manuel Zeno Gandía, cuando, según informes preliminares, González disparó mortalmente contra Galarza luego de que este golpeara brutalmente a su hija frente al edificio.
En respuesta a los cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas presentados por el Departamento de Justicia, la hija de González lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe titulada “Ayudar a mi papá”. La iniciativa alcanzó casi $50,000 en apenas dos días, recibiendo el respaldo de más de 2,700 personas. Aunque la meta inicial era de $100,000, la recaudación fue detenida temporalmente al llegar a la mitad, en señal de agradecimiento por el respaldo masivo. “No tengo palabras, gracias a todos por su apoyo. Mi papá no es un criminal”, expresó la joven en la página de la campaña.
Durante la vista de causa para arresto, celebrada este lunes, la jueza María Rojas encontró causa probable y fijó una fianza global de $200,000. La defensa, liderada por el licenciado Julio Santiago, argumentó que el acto fue producto de una reacción impulsiva ante una agresión directa y visible a su hija, quien sufrió heridas graves en el rostro. González, notablemente afectado, declaró en sala: “Un padre lo haría igual”. La vista preliminar fue señalada para el 22 de julio.
El caso ha encendido un intenso debate en las redes sociales y foros públicos sobre los límites de la legítima defensa, el rol del Estado en proteger a las víctimas de violencia y el derecho de los padres a intervenir ante el peligro. Algunos sectores lo consideran un acto de justicia ante un sistema que muchas veces falla en proteger a los más vulnerables, mientras otros alertan sobre el peligro de justificar la justicia por mano propia.
El Departamento de Justicia reiteró que se debe permitir que el debido proceso se lleve a cabo sin prejuicio. Mientras tanto, la familia de González Vargas continúa recibiendo muestras de apoyo y solicitó espacio para manejar la situación con dignidad