La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró el segundo día de vistas públicas para evaluar el Proyecto del Senado 912, pieza que forma parte de la segunda fase de la reforma contributiva presentada por el Ejecutivo.
Durante la vista, representantes de entidades del sector privado expresaron su respaldo a la medida, aunque plantearon diversas recomendaciones y enmiendas.
“En la primera fase de la reforma contributiva se aprobaron 14 medidas, ya 11 son leyes. Estas leyes, sin ellas no podríamos entrar nosotros a esta segunda fase, que ya es cuando entramos a lo que es las enmiendas al Código de Rentas Internas vigente. Esto no está escrito en piedra, nosotros vamos a escuchar a cada uno de ustedes porque tenemos el espacio y el tiempo necesario… Estas vistas son para escucharlos y que aporten para una Reforma justa con alivios contributivos”, expresó Padilla Alvelo.
La presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, recomendó ajustes para aclarar la aplicación del proyecto. Señaló que el Artículo 1 crea una inconsistencia en las fechas de vigencia relacionadas con el tratamiento contributivo de las compañías de responsabilidad limitada de un solo dueño, por lo que solicitó unificar el lenguaje para evitar contradicciones.
En cuanto al Artículo 9, advirtió que la exención contributiva a las distribuciones del Plan de Aportaciones Definidas para servidores públicos sería retroactiva a 2025, cuando ya se realizaron retenciones y se preparan informes informativos. Por ello, sugirió que el Departamento de Hacienda emita guías claras y conceda entre 45 y 60 días a los agentes pagadores para ajustar sus sistemas.
Al ser cuestionada sobre la competitividad fiscal, Álvarez Rubio indicó que “lo que pasa es que el sector aumenta una tasa y va a ir dirigido a volvernos menos competitivos para ese sector en particular. Puede no destacar y desincentivar que personas sujetas a ese renglón puedan quedarse en Puerto Rico”.
La senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino preguntó si sería necesario extender el periodo de radicación de planillas. A ello respondió Ángel Morales, asesor de la Asociación de Bancos, que una extensión podría ser necesaria dependiendo de los cambios finales que se adopten.
Como deponente también participó David Rodríguez Ortiz, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, quien avaló la medida con enmiendas. “El Colegio de CPA está de acuerdo con el propósito general de este proyecto de ley y recomienda su aprobación, aunque reconoce que no constituye una reforma contributiva integral la cual se limita a beneficios a individuos, sin atender las contribuciones de corporaciones y otras entidades”.
Rodríguez Ortiz sostuvo que la medida representa un paso intermedio razonable mientras se desarrolla una reforma más amplia. Entre las enmiendas sugeridas, planteó que cualquier aumento en la tasa máxima contributiva esté acompañado de salvaguardas claras y evaluaciones periódicas sobre su impacto en la inversión y el crecimiento económico. Añadió que el financiamiento de la reforma no debe recaer de manera desproporcionada sobre un solo grupo.
Durante un turno de preguntas, el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago consultó sobre el tiempo adicional que requerirían los ajustes en la radicación de planillas. Rodríguez Ortiz respondió que, sin una ley final aprobada, no es posible establecer plazos razonables.
Por su parte, el presidente de la Junta de Planificación, licenciado Héctor Morales Martínez, indicó que desde una perspectiva macroeconómica “no tenemos objeción a este proyecto de ley”. Detalló que la inversión asociada a la reforma contributiva de 2026 tendría un impacto económico estimado de $1,413 millones en producción local, la creación de 9,139 empleos y un ingreso salarial de $388.9 millones.
Según explicó, el diseño de las nuevas tasas beneficiaría a cerca de 790,000 familias, lo que representa aproximadamente el 99.8 % de los contribuyentes, con mayor impacto en la clase media y trabajadora.
También favoreció la medida la licenciada Ketsy García Rosario, en representación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, quien concedió deferencia a los análisis del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Señaló que, desde el punto de vista jurídico, el Proyecto del Senado 912 se inserta adecuadamente dentro del marco del Código de Rentas Internas.
Al ser cuestionada por la senadora del PIP María de Lourdes Santiago Negrón sobre una posible extensión para la radicación de planillas, García Rosario indicó que el asunto debe ser evaluado por Hacienda y el componente fiscal del gobierno, al tratarse de un tema técnico.