La Cámara de Representantes inició el análisis del Proyecto de la Cámara 360, una medida dirigida a incentivar el reciclaje local de neumáticos desechados, durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, presidida por la representante Elinette González Aguayo.
Durante la audiencia, el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez Núñez, se unió al cuestionamiento de varios legisladores sobre la limitada utilización de neumáticos triturados en la mezcla de brea utilizada para el asfaltado de carreteras en Puerto Rico.
El objetivo del PC 360 es establecer que al menos el 40 por ciento de los neumáticos desechados se destinen al procesamiento y reciclaje local, particularmente para la construcción y rehabilitación de vías públicas.
El presidente de la empresa recicladora Once and for All Tires (OAFAT), Luis Infanzón Villamil, sostuvo que las compañías asfalteras muestran resistencia al uso de goma reciclada debido a la mayor durabilidad de las carreteras. “El asfaltero no ve con buenos ojos que la carretera con la mezcla, incluyendo goma reciclada, sea más duradera; ellos prefieren que su mezcla falle antes de tiempo para volver a hacer el trabajo”, afirmó.
Como ejemplo, Infanzón Villamil mencionó tramos de la PR-10 en Utuado y en el barrio Guavate de Cayey donde se utilizó este agregado, señalando que dichas áreas se han mantenido en mejores condiciones que otros segmentos intervenidos con mezclas tradicionales. “Ha sido un éxito total, particularmente la PR-10 que se hizo en el 2010”, indicó.
Esta información fue corroborada por Antonio Ríos, ayudante especial en el área de sustentabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien participó de la vista pública.
Ante estos planteamientos, el presidente cameral propuso evaluar proyectos existentes para determinar cómo se podría requerir el uso de neumático triturado en la reparación de carreteras en la isla.
Infanzón Villamil también señaló que, a diferencia de proyectos financiados con fondos federales en estados como Texas, Florida y California, en Puerto Rico no se exige por ley el uso de este material, pese a que ofrece mayor durabilidad, reducción de ruido y una vida útil más prolongada.
En cuanto al impacto económico, explicó que el actual sistema de pagos favorece a los exportadores de neumáticos, quienes reciben un promedio de nueve centavos por libra, frente a los cinco centavos que reciben los recicladores locales, lo que —según indicó— desincentiva el procesamiento en la isla.
Por su parte, Ríos expresó respaldo a la medida, al considerar que “constituye un paso afirmativo para atender el problema de acumulación de neumáticos desechados en Puerto Rico y fomentar la industria local de reciclaje”, aunque advirtió sobre la necesidad de enmiendas para viabilizar su implementación.
El funcionario del DRNA señaló que establecer una cuota obligatoria de reciclaje local requeriría una mayor capacidad de supervisión por parte de la agencia y recomendó que los pagos a los transportadores se calculen conforme al peso de los neumáticos, utilizando sistemas de pesaje certificados por el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Asimismo, recomendó consultar a agencias como el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para atender los aspectos reglamentarios y contractuales del proyecto.
La presidenta de la comisión indicó que se continuará evaluando la medida y se citará a las agencias pertinentes para analizar alternativas que permitan impulsar la industria del reciclaje de neumáticos en Puerto Rico.