La eliminación del servicio de escoltas a la Ex Gobernadora Wanda Vázquez Garced no solo responde a una decisión administrativa. Es, en esencia, la respuesta de un gobierno que enfrentaba una presión pública intensa… sin una herramienta legal clara para actuar.
Y cuando la ley no ofrece una salida directa, siempre se puede recurrir a la interpretación creativa.
La gobernadora Jenniffer González defendió la determinación con un argumento poco común: Vázquez no fue electa al cargo, sino que llegó a la gobernación por sucesión en 2019, por lo que —según esa lectura— no tendría derecho al beneficio de escoltas reservado para quienes fueron electos “en propiedad”.
La lógica es sencilla, pero nunca habíamos estado en un caso tan peculiar, como el de Vázquez.
UN CASO QUE EL SISTEMA NO PREVIÓ
El ordenamiento jurídico puertorriqueño contemplaba el escenario clásico: exgobernadores que, tras ocupar el cargo, conservan ciertos beneficios como medida de seguridad y reconocimiento institucional.
Pero no anticipó una combinación inédita:
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una persona que llegó al poder sin ser electa, y
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que además se declaró culpable de delito en un caso federal de corrupción.
Ese vacío dejó al gobierno en una posición incómoda. Porque, bajo la interpretación previa de la propia Policía, el beneficio de escolta era un derecho adquirido que no se perdía ni siquiera ante una convicción.
Es decir, la ley protegía incluso el escenario políticamente más difícil de defender.
LA PRESIÓN QUE CAMBIÓ LA LECTURA
Durante meses, el tema se convirtió en un punto de irritación pública. El costo del servicio —que superaba los $300,000 anuales— y el contexto del caso federal alimentaron una pregunta sencilla pero poderosa: ¿por qué el Estado sigue protegiendo con fondos públicos a una figura vinculada a corrupción?
El propio superintendente, Joseph González, había expresado su incomodidad con la situación.
Pero incomodidad no es base legal.
Ahí es donde entra el giro: una opinión del Departamento de Justicia que abre la puerta a una nueva interpretación y permite ejecutar lo que, políticamente, ya era inevitable.
UNA DECISIÓN QUE PODRÍA NO SER FINAL
El problema es que esta solución no descansa sobre una ley nueva, sino sobre una reinterpretación de la existente. Y eso tiene consecuencias.
Aun si la Legislatura aprobara una ley para eliminar este beneficio en casos de corrupción, el debate no estaría cerrado. La jurisprudencia ha reconocido que los derechos adquiridos gozan de protección frente a cambios legislativos retroactivos. Sin embargo, el punto de controversia en este caso sería si el servicio de escolta constituye realmente un derecho adquirido o un beneficio sujeto a revisión por el Estado. Esa distinción —más que cualquier otra— podría terminar definiéndose en los tribunales.
Si la exmandataria decide impugnar la decisión, el caso podría escalar al sistema judicial, donde se tendrían que contestar dos preguntas clave: si el servicio de escolta es un derecho o un beneficio revocable, y si su otorgación depende del origen electoral del cargo o simplemente del hecho de haber ocupado la gobernación.
En otras palabras, lo que hoy es una decisión administrativa mañana podría convertirse en un precedente judicial. En este caso, más que una discusión sobre escoltas, lo que está en juego es algo más amplio: hasta dónde puede llegar el Estado para corregir, por vía legal, lo que políticamente resulta indefendible.
LA POLÍTICA DETRÁS DEL MOVIMIENTO
La reacción del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al calificar la medida como tardía, no ocurre en el vacío.
Responde a una relación cada vez más tensa con la gobernadora Jenniffer González, marcada por choques en nombramientos, legislación y control de la agenda pública. Lo que comenzó como diferencias operacionales ha evolucionado hacia una disputa de poder dentro del propio Partido Nuevo Progresista.
En ese contexto, decisiones como la eliminación de las escoltas adquieren una dimensión adicional: no solo atienden un reclamo público, sino que también proyectan liderazgo. Para La Fortaleza, actuar —aunque sea mediante una interpretación legal debatible— envía un mensaje de control y determinación. Para el Senado, señalar que la medida llega tarde refuerza la narrativa de que el Ejecutivo reaccionó por presión, no por convicción.
El trasfondo político es difícil de ignorar. Ambos líderes representan figuras dominantes dentro del partido y, aunque no se ha formalizado un escenario electoral, distintos sectores ya anticipan la posibilidad de una eventual confrontación por la candidatura a la gobernación.
Desde esa óptica, cada decisión pública deja de ser un hecho aislado y pasa a formar parte de una construcción de liderazgo. Incluso aquellas que, como esta, nacen de vacíos legales y presiones externas.
Este caso no trata solo de escoltas.
Es el resultado de un sistema legal que no anticipó todos los escenarios posibles y de un gobierno que, enfrentado a una presión pública clara, decidió moverse dentro de los márgenes disponibles.