La Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal favoreció el Proyecto de la Cámara 1503, que propone regular a los intermediarios de pago de esa industria y exigir licencias a las entidades que ofrezcan esos servicios. Durante una vista pública, la agencia recomendó mantener el pago en efectivo como opción para los pacientes y asignar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) la expedición de las licencias.
La directora ejecutiva de la Junta, Marjorie Tolentino, presentó la postura ante la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, autor de la medida.
Tolentino manifestó que la agencia “comparte el objetivo del proyecto de que el dinero que genera la industria sea trazable y que los establecimientos licenciados puedan utilizar medios de pago electrónicos, como cualquier otra industria regulada, sin cargas ni costos desproporcionados”.
La funcionaria apoyó que los pacientes “puedan pagar por su tratamiento por medios seguros, con un costo razonable y de fácil acceso, sin que ello comprometa su privacidad ni su acceso a la medicina”.
Entre las enmiendas sugeridas, propuso crear un registro de los negocios que realicen esa actividad bajo la jurisdicción de la Junta. También recomendó incorporar salvaguardas para que el pago electrónico no sea un requisito para recibir tratamiento.
El presidente de la junta de directores de TU Coop, Luis F. Toledo, también favoreció el proyecto porque “contempla, resuelve y atiende lo que es el procesamiento de pago, para que se mantengan los fondos en Puerto Rico y que no viajen por la Reserva Federal, porque todavía hay unas limitaciones regulatorias a nivel federal, que no permite que el dinero producto de una compra de esta sustancia pueda ser depositado en cuentas con aval federal”.
A preguntas de Navarro Suárez, Toledo recomendó incluir lenguaje para “proteger los derechos del paciente, porque entendemos que la banca tiene la discreción de cerrarle la cuenta, si así lo entiende pertinente, por el hecho de haber comprado su medicamento”.
Con esa enmienda se buscaría una “prohibición de que una institución financiera le pueda cerrar al paciente su cuenta de banco o su cuenta de cheque si él hace alguna compra de su medicamento en un dispensario”.
Toledo citó el caso de NextGen contra TU Coop y señaló que el juez Alfonso Martínez Piovanetti ordenó la reapertura inmediata de las cuentas bancarias de los dispensarios de cannabis medicinal pertenecientes a esa empresa.
Durante la audiencia también se discutió la investigación bajo la Resolución de la Cámara 609 sobre Futucare, contratada por el Departamento de Salud para administrar la plataforma digital del Programa de Cannabis Medicinal, y la firma Vank.
Según Tolentino, la Junta identificó coincidencias en la información de Futucare y VankPay que apuntaban a un posible conflicto de intereses. Indicó que el contrato con Futucare se firmó en 2018 y que los hallazgos se remitieron al Departamento de Salud, que a su vez los refirió a las autoridades locales y federales.
“La información que aparecía tanto en Futucare como en los registros comerciales de VankPay coincidía con la información, dirección, correo electrónico del señor Rafael Estevez, por lo que entendíamos que podría haber un posible conflicto de intereses”.
Tolentino sostuvo que “la presente administración no originó las circunstancias objeto de esta investigación, por el contrario, al advenir en conocimiento de información que levantó preocupaciones legítimas tanto de la utilización de mecanismos de pago electrónico, dentro de una industria altamente regulada, como sobre posibles conflictos de interés derivados de las relaciones existentes entre entidades privadas vinculadas al ecosistema tecnológico del Programa, emprendió una evaluación formal de los hechos, requirió información adicional y solicitó aclaraciones a las partes involucradas”.
En la vista pública también participó la representante Swanny Vargas Laureano.