El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, propuso declarar un estado de emergencia en Puerto Rico para atender la proliferación de animales realengos y asignar $10 millones del Fondo de Emergencias a un programa masivo de esterilización de perros y gatos en los 78 municipios.
La propuesta surge tras el hallazgo de perros y gatos muertos dentro de bolsas plásticas en Ponce, un incidente ocurrido el martes que permanece bajo investigación de las autoridades. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las circunstancias de sus muertes.
García Padilla planteó distribuir los fondos entre los municipios según su población y establecer acuerdos con veterinarios y clínicas para ofrecer procedimientos de esterilización a tarifas uniformes.
Además, propuso una moratoria de un año a la venta comercial de perros y gatos, así como suspender durante el mismo periodo su importación con fines comerciales, con determinadas excepciones. Según el alcalde, ambas medidas contribuirían a reducir la reproducción destinada a la venta y promover la adopción responsable.
La solicitud ocurre tres meses después de que la gobernadora Jenniffer González Colón firmara la Orden Ejecutiva OE-2026-041, que estableció un plan gubernamental de esterilización y designó a la Compañía de Turismo como responsable de administrarlo, en coordinación con la Oficina Estatal para el Control de Animales. La iniciativa contempla una asignación presupuestaria inicial de $2 millones.
No obstante, García Padilla sostiene que Puerto Rico todavía necesita una respuesta permanente y coordinada que permita atender la magnitud del problema. El funcionario había solicitado anteriormente recursos para estos fines durante la administración de Pedro Pierluisi.
El planteamiento también coloca sobre la mesa la necesidad de evaluar el alcance y los resultados del programa gubernamental existente, así como la capacidad de los municipios para desarrollar iniciativas sostenidas de esterilización, adopción y prevención del abandono.
La propuesta de García Padilla no constituye todavía una declaración oficial de emergencia ni una asignación de fondos aprobada. Su implementación dependería de las determinaciones del Gobierno central y de los mecanismos legales y presupuestarios correspondientes.