La decisión de hoy del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión para Puerto Rico. Durante demasiados años, tanto en manos públicas, como privadas, el país ha cargado con un sistema eléctrico caracterizado por la inestabilidad, la falta de planificación y la incompetencia operacional. Con la llegada de operadores privados como LUMA y Genera PR se prometió un giro decisivo hacia la modernización y el servicio eficiente. Sin embargo, la experiencia diaria del pueblo continúa diciendo otra cosa.
LUMA asumió la transmisión y distribución con un discurso de cambio profundo: mejores comunicaciones, mayor rapidez en la respuesta, reducción de apagones y transparencia en los procesos. Pero a más de cuatro años de gestión de LUMA y dos de GENERA PR, las interrupciones continúan, la comunicación sigue siendo deficiente y las promesas de estabilidad permanecen pendientes. Es importante destacar que la frustración ciudadana no nace del capricho, sino de la evidencia: la brecha entre lo prometido y lo realizado es demasiado grande.
Genera PR, encargada de la generación, tampoco ha logrado inspirar confianza. Los eventos de pérdida de unidades, la falta de previsión, problemas con el suministro de gas y la repetición de fallas técnicas plantean cuestionamientos serios sobre su capacidad de liderar la transformación energética que el país necesita. La generación sigue siendo un punto débil y los problemas no se están resolviendo con la velocidad, la coordinación ni la estrategia que la crisis exige.
Y lo que llegó al borde del cinismo más burdo ha sido la inmunidad de LUMA frente a cualquier negligencia que causara daños a los consumidores. Por eso la decisión del Tribunal Supremo es tan relevante. Envía un mensaje poderoso: ninguna entidad que administre un servicio esencial puede operar sin transparencia y sin rendición de cuentas. El manejo de la energía no es un asunto administrativo; es un asunto de calidad de vida. Un sistema eléctrico débil afecta la salud, la educación, la economía, la seguridad y el bienestar emocional de todo un país. No hay progreso posible cuando todo depende de una red que colapsa con la más mínima perturbación.
Esta determinación judicial no resuelve la crisis energética por sí sola, pero subsana esta falla crasa. Un recordatorio de que la supervisión rigurosa es necesaria y que quienes administran la infraestructura eléctrica deben responder por sus decisiones y sus resultados. No se puede permitir que la mediocridad se normalice ni que la falta de planificación se convierta en rutina.
El camino hacia una transformación energética real será largo, complejo y exigente. Pero esta decisión es un primer paso firme. Un paso que reconoce que el país merece claridad, eficiencia y seriedad. Un paso que obliga a los operadores del sistema —LUMA, Genera PR o cualquier otro presente o futuro— a entender que la confianza no se hereda: se gana demostrando capacidad, responsabilidad y resultados. Y además, que el pueblo es a quien tienen que responder, no sólo ellos sino todos los políticos y funcionarios de gobierno.
La decisión del Tribunal Supremo no cierra un capítulo: abre uno nuevo.
Y lo que venga ahora será determinante para el futuro energético de Puerto Rico.