El Senado de Puerto Rico aprobó varias medidas legislativas, entre ellas dos proyectos del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, relacionados con operaciones marítimas y acceso a información gubernamental. Además, confirmó siete nombramientos del Ejecutivo.
Durante la sesión ordinaria, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto del Senado 1012, que enmienda la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”. La medida autoriza al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a extender de forma temporera la vigencia del marbete o autorización de navegación de embarcaciones documentadas por el gobierno federal, en casos en que agencias federales no puedan emitir o renovar certificados requeridos.
Según el informe legislativo, la extensión no excederá de 90 días o el periodo que dure la interrupción de servicios federales. “De esta forma, se procura mantener la continuidad y legalidad de las operaciones marítimas, evitando la imposición de sanciones injustas a los propietarios que han cumplido con sus obligaciones, al tiempo que se previene la pérdida de recaudos para el erario y se protege el funcionamiento de las actividades económicas vinculadas al uso de las aguas jurisdiccionales”, indica el documento.
Asimismo, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1032, que enmienda la “Ley de Gobierno Electrónico” para requerir que la información en los portales oficiales del gobierno esté disponible en español e inglés.
“La medida fortalece la política pública de apertura gubernamental y promueve, además, el desarrollo económico al facilitar el acceso a información oficial a personas y entidades que utilizan el idioma inglés como medio principal de comunicación”, señala el informe de la pieza legislativa.
Confirmación de nombramientos
Por otra parte, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos emitió informes positivos a siete designaciones del Ejecutivo, que fueron confirmadas por el Senado.
Las personas confirmadas son Yamilza Mabel Vázquez Cuevas y Maylén Colón Cabán como fiscales auxiliares II del Departamento de Justicia; Wandie Camacho Santiago como procuradora de asuntos de menores; y Natalie M. Martínez Muñiz, Carolina Medina de Gracia y Derick Rivera Muñiz como fiscales auxiliares I. También fue confirmada Vanessa del Moral Rosario como miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
Otras medidas aprobadas
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 817, del senador Ángel Toledo López, que propone enmendar la “Ley Insular de Suministros” para actualizar sus disposiciones. La medida designa al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como entidad responsable de su administración y establece una plataforma electrónica para el manejo de información de comerciantes, distribuidores e importadores.
“Valga indicar que esta legislación actualiza y delimita las herramientas destinadas a abordar prácticas especulativas, manipulación de calidad o empaque, acaparamiento y otras conductas que alteran los mercados fundamentales”, sostiene la exposición de motivos.
Además, fue aprobada la Resolución del Senado 90, presentada por la senadora Roxanna Soto Aguilú, para investigar el impacto de la falta de intérpretes de lenguaje de señas en el sistema de justicia.
También se aprobó la Resolución del Senado 125, de la senadora Karen Román Rodríguez, que ordena investigar las gestiones del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras sobre la infraestructura vial en Aguadilla, incluyendo varias carreteras estatales.
El cuerpo legislativo dio paso, además, a la Resolución Conjunta del Senado 151, que designa el Centro Educativo Tecnológico del Complejo Residencial Ponce Housing con el nombre de “Miguel A. Rodríguez Villafañe”.
De igual forma, se aprobó el Proyecto de la Cámara 641, que crea la “Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores”. La medida autoriza la caza de cerdos salvajes mediante permisos especiales no deportivos, los clasifica como especie invasora y dispone coordinación entre el DRNA y el Departamento de Agricultura.
Asimismo, el Proyecto de la Cámara 878 enmienda la “Ley de Gobierno Electrónico” para requerir un enlace al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores en el portal principal del gobierno.
Finalmente, la Resolución Conjunta de la Cámara 187 ordena al DTOP, en coordinación con PRITS, realizar ajustes en la aplicación CESCO Digital para permitir la validación de residencia en trámites de licencias a personas sin evidencia de dirección a su nombre.