Las acusaciones cruzadas entre el secretario de la Gobernación y el exsecretario de Desarrollo Económico ya son examinadas por el Senado y el Panel del Fiscal Especial Independiente, mientras La Fortaleza rechaza que le conste la existencia de una pesquisa federal.
Lo que comenzó como una controversia dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico se ha convertido en una disputa con múltiples ramificaciones políticas e institucionales.
En el centro se encuentran el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y el exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, quienes se acusan mutuamente de actuaciones impropias durante sus funciones en el gobierno de Jenniffer González.
Las imputaciones todavía no han sido adjudicadas por un tribunal. Sin embargo, ya han generado investigaciones separadas, declaraciones juradas, referidos a organismos fiscalizadores y una pesquisa legislativa que continuará cuando el Senado reanude sus trabajos.
La controversia se desarrolla ahora en al menos tres escenarios: el Senado de Puerto Rico, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y el debate público sobre una posible investigación federal cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente.
Las acusaciones de Negrón
Negrón Reichard presentó ante el Senado dos declaraciones juradas que suman unas 70 páginas, en cumplimiento con un requerimiento relacionado con la Resolución del Senado 548.
En los documentos, el exsecretario se presenta como denunciante de posibles actos de corrupción pública y acusa a Domenech de intervenir indebidamente en decisiones del DDEC.
Entre sus señalamientos figuran supuestas presiones relacionadas con un proceso competitivo para contratar servicios de publicidad financiados con fondos federales de FEMA.
Negrón sostiene que funcionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos intentaron favorecer a la empresa JJ Investment Group y que algunas empleadas del DDEC recibieron indicaciones de que esa era la propuesta respaldada por La Fortaleza.
Según su versión, cuando informó a la gobernadora Jenniffer González sobre esas alegaciones, la mandataria negó haber ordenado favorecer a empresa alguna.
El exfuncionario también acusa a Domenech de intentar frenar medidas disciplinarias contra funcionarios investigados internamente y de pedirle que controlara a las empleadas que habían denunciado las presuntas irregularidades.
Domenech no ha aceptado esas imputaciones y ha presentado sus propios señalamientos contra Negrón.
Las declaraciones juradas entregadas al Senado también incluyen asuntos relacionados con la antigua empresa de cabildeo Politank y el proyecto inmobiliario Opus Miramar.
Negrón alega que Domenech intervino para agilizar solicitudes de decretos contributivos vinculadas con ese proyecto. Una segunda declaración jurada, suscrita por el exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios Ernesto Zayas García, sostiene que Domenech defendió los méritos de Opus Miramar durante una reunión celebrada en mayo.
Los documentos no constituyen por sí solos una determinación de culpabilidad. Son testimonios bajo juramento que deberán ser contrastados con expedientes, comunicaciones, declaraciones de otros funcionarios y las explicaciones de las personas señaladas.
El papel de Politank
Politank ocupa un lugar central en la controversia porque fue propiedad de Domenech antes de que este asumiera como secretario de la Gobernación.
El DDEC informó al Senado que impuso a la compañía una multa de $80,000, a razón de $10,000 por cada año en que presuntamente incumplió requisitos asociados con un decreto contributivo.
La Fortaleza ha respondido que Domenech ya no mantiene vínculos con la empresa y que los incumplimientos señalados no ocurrieron mientras ejercía como secretario de la Gobernación.
El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sostuvo que el funcionario había contestado preguntas sobre su antigua empresa durante una comparecencia de varias horas ante el Senado y que actualmente no tiene relación con sus operaciones.
Una de las preguntas que deberán aclarar las investigaciones es si las gestiones atribuidas a Domenech estuvieron relacionadas con intereses de antiguos clientes o asociados de Politank, y si existían mecanismos adecuados para evitar conflictos de interés reales o aparentes.
La respuesta de La Fortaleza
La controversia adquirió otra dimensión después de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmara tener información sobre una posible investigación del FBI relacionada con los señalamientos contra Domenech.
La Fortaleza respondió que no le consta que exista una investigación federal contra el secretario de la Gobernación y aseguró que el FBI no ha solicitado información a la administración sobre el funcionario.
Peña Payano describió los planteamientos públicos como especulaciones y ataques, y afirmó que el Ejecutivo continuará concentrado en la agenda de gobierno.
La respuesta no confirma ni descarta que agentes federales puedan estar recopilando información por otras vías. Las agencias federales habitualmente no confirman la existencia de investigaciones que se encuentran en etapas preliminares.
Hasta ahora, no se ha divulgado una comunicación del FBI o de la Fiscalía federal que confirme públicamente una pesquisa contra Domenech. Por tanto, la afirmación de que existe una investigación federal permanece como un señalamiento del presidente del Senado que no ha sido corroborado oficialmente.
Domenech también acusa a Negrón
La disputa no avanza en una sola dirección.
Domenech presentó dos declaraciones juradas en las que atribuye a Negrón posibles actos de corrupción, conflictos de interés y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental relacionados con la evaluación y concesión de decretos contributivos.
Esos señalamientos fueron enviados al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, decidió inhibirse y remitió el asunto directamente al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, argumentando que buscaba evitar cualquier apariencia de conflicto.
Como resultado, el Panel designó a la exjueza superior Ana Paulina Cruz Vélez como fiscal investigadora para realizar la pesquisa preliminar que normalmente habría correspondido al Departamento de Justicia.
Cruz podrá entrevistar testigos, examinar documentos y determinar si existe base suficiente para recomendar el nombramiento de un fiscal especial independiente contra Negrón. Cuenta inicialmente con 90 días para completar el proceso y puede solicitar una extensión de otros 90 días.
El nombramiento de una fiscal investigadora tampoco supone que las acusaciones de Domenech hayan sido probadas. Se trata precisamente del mecanismo utilizado para determinar si existe evidencia que justifique una investigación más amplia.
Investigaciones paralelas
La situación ha creado un escenario poco habitual: mientras una fiscal investigadora examina las acusaciones de Domenech contra Negrón, otras fiscales especiales continúan atendiendo señalamientos que surgieron originalmente de las denuncias realizadas por Negrón.
Eso significa que las versiones de ambos excompañeros de gobierno serán examinadas por rutas independientes.
Por un lado, deberá evaluarse si hubo presiones indebidas, interferencia política o gestiones relacionadas con contratos y decretos contributivos. Por el otro, se investigará si Negrón incurrió en conflictos de interés o irregularidades mientras dirigía el DDEC.
El Senado desarrolla, además, su propia investigación legislativa. Esa pesquisa no tiene la función de presentar cargos criminales, pero puede requerir documentos, citar testigos y producir hallazgos sobre la administración de fondos y el funcionamiento de las agencias.
Lo que está en juego
Más allá del enfrentamiento entre Domenech y Negrón, el caso plantea interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones dentro del gobierno.
Las investigaciones deberán examinar cómo se evaluaron los contratos, qué autoridad tenían los distintos funcionarios, si se siguieron los procedimientos establecidos y si las relaciones políticas o comerciales influyeron en decisiones administrativas.
También deberán distinguir entre diferencias legítimas de criterio, posibles faltas administrativas, conflictos éticos y conductas que pudieran constituir delito.
Por ahora, ninguna de las principales acusaciones cruzadas ha producido una determinación final.
El próximo capítulo dependerá menos de las declaraciones públicas y más de los documentos, testimonios y comunicaciones que obtengan el Senado, el Panel del Fiscal Especial Independiente y cualquier otra autoridad que decida intervenir.
La controversia ha dejado de ser únicamente una disputa entre dos funcionarios. Se ha convertido en una prueba para los mecanismos de fiscalización del gobierno y para su capacidad de investigar, de manera independiente, acusaciones que alcanzan a figuras cercanas al centro del poder ejecutivo.
* Para la redacción de este artículo se utilizó parcialmente un modelo de inteligencia artificial con fines de investigación.