El comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, reclamó a la gobernadora Jenniffer González que destituya al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, luego de divulgarse nuevas acusaciones bajo juramento relacionadas con sus intervenciones en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
“Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”, expresó Hernández Rivera mediante declaraciones escritas.
El funcionario vinculó la permanencia de Domenech en La Fortaleza con posibles repercusiones para Puerto Rico en la capital federal. Según planteó, la acumulación de controversias y alegaciones de corrupción afecta la credibilidad del gobierno ante el Congreso y las agencias federales.
Hernández Rivera mencionó particularmente las gestiones que deberán realizarse para mantener asignaciones destinadas al Plan Vital después de 2027. A su juicio, la administración pone en riesgo su capacidad de reclamar esos recursos mientras mantiene en posiciones de confianza a funcionarios rodeados de cuestionamientos.
También criticó que la gobernadora no haya realizado cambios en su equipo cercano y cuestionó públicamente las razones para mantener a Domenech como principal funcionario de La Fortaleza.
Las expresiones surgieron después de que el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, sometiera ante el Senado una declaración jurada de decenas de páginas como parte de la investigación autorizada mediante la Resolución del Senado 548.
En el documento, Negrón Reichard acusa a Domenech de intervenir en una evaluación interna relacionada con un proceso competitivo financiado con fondos federales, oponerse a la suspensión de funcionarios señalados y procurar que las empleadas que denunciaron presuntas irregularidades no hablaran públicamente.
El exfuncionario también atribuyó a Domenech presiones relacionadas con solicitudes de decretos contributivos, el proyecto Opus Miramar y gestiones realizadas por la firma Politank, empresa que anteriormente estuvo vinculada al secretario de la Gobernación.
Una segunda declaración jurada, suscrita por el exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios, Ernesto Zayas García, sostiene que Domenech defendió activamente el proyecto Opus Miramar durante reuniones oficiales y procuró que su solicitud fuera atendida con rapidez.
Zayas García también relató que una auditoría relacionada con el decreto contributivo de Politank identificó posibles deficiencias administrativas y que el expediente físico de la empresa no apareció inicialmente en la oficina donde debía permanecer, aunque posteriormente fue localizado en otra dependencia.
Domenech ha rechazado previamente los señalamientos realizados en su contra y ha sostenido que sus actuaciones estuvieron dirigidas a atender irregularidades dentro del DDEC. A su vez, presentó ante distintas autoridades declaraciones juradas con acusaciones de posibles conflictos de interés contra Negrón Reichard.
Las versiones enfrentadas continúan bajo evaluación de organismos gubernamentales y legislativos. Hasta el momento, ninguna de las acusaciones contenidas en las declaraciones juradas constituye una determinación de culpabilidad ni ha sido adjudicada por un tribunal.
El reclamo de Hernández Rivera añade un nuevo frente político a la controversia, al trasladar el debate desde las investigaciones administrativas y legislativas hasta las posibles consecuencias que la crisis podría tener para Puerto Rico en Washington.