El Senado aprobó durante su sesión ordinaria varias medidas relacionadas con Educación Especial, pescadores comerciales, recreación adaptada, seguridad pública, pequeñas empresas y administración municipal, entre otros asuntos.
Entre las piezas aprobadas figura el Proyecto del Senado 1184, de la senadora Brenda Pérez Soto, que propone crear el Programa de Transición hacia la Autonomía, adscrito al Departamento de Educación, para jóvenes adultos de entre 21 y 25 años que culminen su participación en el Programa de Educación Especial.
La iniciativa contempla servicios dirigidos al desarrollo de destrezas ocupacionales, empresariales, tecnológicas y de vida independiente.
“Esta realidad exige una acción afirmativa por parte del Estado. El Programa de Transición hacia la Autonomía permitirá atender las necesidades de esta población y fortalecer sus competencias para insertarse en el mercado laboral o desarrollar iniciativas de autoempleo. Esta medida reafirma el compromiso del Estado con la inclusión plena, la autodeterminación y la dignidad de las personas con diversidad funcional”, cita la medida.
Entre los servicios propuestos se encuentran orientación ocupacional, social y psicológica; talleres de autogestión y emprendimiento; educación financiera; certificaciones técnicas; adiestramientos vocacionales individualizados; y apoyo para identificar oportunidades de empleo.
El programa comenzaría mediante un plan piloto en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, con posibilidad de expansión según sus resultados y la disponibilidad de recursos.
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1229, de la senadora Roxanna Soto Aguilú, que busca armonizar disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes del Agricultor y los beneficios aplicables bajo la Ley 60-2019 para incluir el tratamiento de los pescadores comerciales.
La medida dispone que los pescadores reciban orientación sobre los requisitos para solicitar o renovar la certificación de Agricultor Bona Fide y sobre los incentivos para los que puedan cualificar. Además, autoriza a los departamentos de Agricultura y de Desarrollo Económico y Comercio a revisar reglamentos y formularios relacionados con su implantación.
“La realidad del pescador comercial puertorriqueño exige que el Estado no solo reconozca el valor de esta actividad, sino que también garantice que se les oriente sobre los mecanismos de certificación, elegibilidad e incentivos aplicables a este sector”, expone la pieza legislativa.
También fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 160, de Soto Aguilú, que ordena al Departamento de Recreación y Deportes, en coordinación con el Departamento de la Familia y la Administración de Familias y Niños, preparar un informe sobre los programas de recreación adaptada para adultos mayores. El estudio deberá evaluar su alcance, accesibilidad, beneficios y posibilidades de expansión.
El Senado concurrió además con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 908, del portavoz de mayoría Gregorio Matías Rosario. La medida propone enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes para regular la práctica de deportes al aire libre entre menores de edad en escuelas y entidades deportivas.
Asimismo, concurrió con el Proyecto del Senado 707, del expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago, que enmienda la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para armonizar varias de sus disposiciones con el ordenamiento jurídico vigente.
También recibió aprobación el Proyecto del Senado 1068, de los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, que modifica los procedimientos para la reubicación de estudiantes de Educación Especial en el ambiente educativo menos restrictivo posible.
La medida dispone la creación de guías uniformes para evaluar cambios de programa, ruta académica o modalidad curricular conforme al progreso y las necesidades particulares de cada estudiante.
Senado aprueba medidas originadas en la Cámara
El Senado aprobó además el segundo informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 822, que crea la Compañía de Turismo de Puerto Rico como corporación pública con autonomía administrativa, operacional y financiera, dirigida por una Junta de Directores y un director ejecutivo.
La medida reorganiza en esa entidad funciones, personal, programas, bienes y fondos relacionados con el desarrollo turístico. También modifica disposiciones sobre la administración y distribución del impuesto sobre el canon por ocupación de habitación, enmienda el Código de Incentivos y otras leyes turísticas, y deroga estatutos incompatibles con la nueva estructura.
En materia de seguridad, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 314, que establece la implantación obligatoria de un Plan de Prevención, Acción y Mitigación de Incidentes de Tiradores Activos en dependencias e instituciones públicas.
“Del análisis integral de las comparecencias de las agencias surge un consenso amplio respecto a la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, preparación, respuesta y mitigación ante incidentes de tiradores activos, particularmente dentro de instalaciones públicas y espacios educativos donde convergen poblaciones vulnerables y grandes concentraciones de ciudadanos”, expone el proyecto.
También fue aprobado el Proyecto de la Cámara 881, que establece que una microempresa puede tener hasta siete empleados a tiempo completo o su equivalente en empleo parcial, siempre que genere ingresos brutos anuales menores de $500,000. La medida uniforma esa definición en varias leyes de incentivos.
El Senado dio paso igualmente al Proyecto de la Cámara 636, que faculta a los municipios, previa autorización de sus legislaturas municipales y sujeto a su capacidad fiscal, a establecer programas de voluntariado. La medida dispone que esos programas deberán cumplir con las protecciones de la Ley del Voluntariado y no podrán utilizarse para sustituir empleos remunerados.
Finalmente, fue aprobada la Resolución Conjunta de la Cámara 62, relacionada con el mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de alumbrado en calles y carreteras de Mayagüez. La resolución requiere coordinación entre LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y otras entidades pertinentes.