SAN JUAN, Puerto Rico (13 de noviembre de 2026) – Una parte de los cargos que actualmente pagan los consumidores de electricidad en Puerto Rico podría trasladarse al presupuesto del gobierno si prospera una propuesta legislativa presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
La iniciativa busca que los subsidios eléctricos, cuyo costo actualmente se distribuye entre los abonados, sean financiados con recursos del Fondo General. El objetivo es reducir esa carga en las facturas sin eliminar las ayudas que reciben los sectores beneficiados.
La propuesta surge mientras el precio de la electricidad se sitúa en 33.86 centavos por kilovatio hora, según la información divulgada sobre las medidas.
¿DE DÓNDE SALDRÍA EL DINERO?
La Resolución del Senado 657 propone identificar recursos dentro de los $904.2 millones en ahorros por contratos que ha informado el gobierno de Puerto Rico.
El planteamiento contempla un término de 60 días para identificar los fondos necesarios y presentar la legislación correspondiente, sin establecer nuevos impuestos para financiar la medida.
Sin embargo, el mecanismo no eliminaría el costo de los subsidios, sino que cambiaría la manera de financiarlos. En lugar de recuperarse mediante cargos en las facturas de electricidad, pasarían a cubrirse con recursos del presupuesto gubernamental.
La propuesta tampoco establece, por el momento, cuánto dinero dejaría de pagar mensualmente un abonado residencial o comercial.
Otro asunto pendiente es determinar qué cantidad de los ahorros anunciados por el Ejecutivo estaría disponible para sostener el financiamiento de manera recurrente.
El planteamiento no es completamente nuevo. El pasado 30 de octubre, la gobernadora Jenniffer González Colón informó que su administración había presentado una propuesta similar ante la Junta de Supervisión Fiscal. Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente el resultado de esas gestiones.
HOSPITALES E INDUSTRIAS PODRÍAN APORTAR ELECTRICIDAD
La segunda iniciativa, identificada como Proyecto del Senado 1636, plantea utilizar capacidad de generación eléctrica que ya existe en instalaciones privadas.
Hospitales, industrias y establecimientos comerciales que cuentan con sistemas propios podrían aportar a la red la electricidad excedente que producen, particularmente durante periodos de mayor demanda.
La propuesta busca aprovechar infraestructura existente sin depender exclusivamente de la construcción de nuevas instalaciones generatrices.
El proyecto también establece una distinción entre esta modalidad de generación y los sistemas residenciales o comerciales de energía renovable sujetos a acuerdos de medición neta.
Según lo divulgado, los contratos existentes de medición neta no serían modificados por la nueva disposición.
¿CUÁNDO BAJARÍA LA FACTURA?
Las dos iniciativas se encuentran en la etapa de propuestas legislativas. Por tanto, no representan una reducción inmediata de la tarifa eléctrica ni garantizan que los consumidores comiencen a recibir facturas más bajas.
La primera requiere identificar una fuente de financiamiento y aprobar la legislación necesaria. La segunda tendría que establecer las condiciones bajo las cuales los generadores privados podrían suministrar su energía excedente al sistema.
Tampoco se han precisado los ahorros que ambas propuestas producirían para los consumidores.
Por ahora, el planteamiento legislativo abre dos vías distintas para atender el problema energético: modificar la distribución de los costos de los subsidios y aprovechar recursos adicionales de generación.
La pregunta pendiente para los abonados es cuánto podrían ahorrar realmente, cuándo se reflejaría ese alivio en sus facturas y cómo se financiaría a largo plazo.