La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó deficiencias en los controles internos del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Caguas, así como ausencia de reglamentación uniforme para manejar el estatus de multas en sus sistemas.
Los hallazgos forman parte del informe de investigación OIG-QI-27-002, que examinó operaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entre el 1 de marzo de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
La investigación se inició luego de que la OIG recibiera información sobre posibles irregularidades relacionadas con modificaciones al estatus de multas administrativas realizadas por empleados del CESCO de Caguas.
Durante la evaluación de una muestra de transacciones, la OIG identificó cerca de un centenar de certificaciones negativas para las cuales no se localizaron documentos, registros ni evidencia relacionada con las operaciones efectuadas.
La agencia fiscalizadora informó que los hallazgos fueron referidos a las autoridades con jurisdicción para su evaluación.
Según el informe, empleados que ocupaban funciones que no requerían realizar modificaciones en el sistema mantenían permisos amplios de acceso al sistema de información de conductores y vehículos. Entre estos figuraban administradores, oficiales de oficina, oficinistas, educadores a conductores y funcionarios y auxiliares administrativos.
De acuerdo con la OIG, esos accesos permitían efectuar transacciones consideradas críticas, entre ellas modificar o eliminar multas y gestionar planes de pago.
La investigación también determinó que el sistema DAVID+ permite que determinados operadores modifiquen el estatus de multas sin requerir aprobación de supervisores o de la dirección del CESCO.
“La falta de normas y controles adecuados en el uso del sistema DAVID+ representa un riesgo para la integridad de la información y dificulta la fiscalización efectiva de los procesos administrativos relacionados con la gestión de multas”, lee el informe autorizado por la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.
La OIG señaló, además, que la base de datos no cuenta con reportes o alertas automáticas que permitan detectar irregularidades en tiempo real ni con una función para almacenar evidencia digital asociada a las transacciones.
Según la investigación, parte de la documentación se conserva físicamente en sobres y cajas sin un sistema uniforme de clasificación, lo que, a juicio de la agencia, dificulta verificar las transacciones y aumenta el riesgo de pérdida o manipulación de documentos.
Durante una inspección ocular, la OIG identificó también deficiencias en la seguridad de los archivos y documentos almacenados en áreas no autorizadas, incluidos pasillos y espacios comunes dentro del CESCO.
La agencia indicó que estas condiciones podrían afectar la confidencialidad y el resguardo de información perteneciente a ciudadanos y entidades que utilizan los servicios de la dependencia.
Según el informe, la dirección del CESCO manifestó desconocer cuándo se había realizado el último inventario documental, así como si se habían efectuado transferencias de documentos al Archivo General en Carolina antes o después de la intervención.
La investigación identificó además que la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) carece de reglamentación, normas o directrices formales que definan de manera uniforme los distintos estatus de multas utilizados dentro del sistema DAVID+.
Mediante entrevistas a empleados, la OIG encontró diferencias en las prácticas internas y en la documentación requerida para respaldar estatus como “Pagadas”, “Canceladas”, “Invalidadas”, “Expiradas” y “No pagada”, entre otros.
Según el informe, la ausencia de directrices uniformes afecta la aplicación de la Ley 22-2000, al dificultar determinar cuál debe ser la actuación administrativa correspondiente en cada caso.
La OIG señaló que los hallazgos podrían estar relacionados con posibles incumplimientos de la Ley de Contabilidad de Puerto Rico, la Ley de Vehículos y Tránsito, el Reglamento 8490 del DTOP y el Reglamento 4284 de la Administración de Servicios Generales.
La agencia indicó, además, que algunos de los asuntos examinados podrían constituir infracciones al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por lo que fueron referidos a las entidades con jurisdicción para su evaluación y determinación.
La OIG informó que mantendrá confidenciales los detalles y fundamentos relacionados con esos referidos para no afectar posibles procesos investigativos.
La agencia exhortó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades relacionadas con el uso de fondos y propiedad pública a través de la línea confidencial 787-679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov o su plataforma de denuncias en línea.